La Junta cree que los objetores de Castilla y León volverán a las aulas
El consejero de Educación, Juan José Mateos
valladolid
La decisión del Tribunal Supremo de ratificar la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía no afecta de forma directa a Castilla y León, aunque tan sólo de momento. Aún está pendiente de pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque desde la Junta ya se vislumbra el final del culebrón judicial, ya que esperan que «en breve» el TSJCyL siga los pasos marcados desde el Supremo. De ser así, los 138 niños que hasta ahora no acuden a las aulas durante esta asignatura deberán hacerlo de nuevo para recuperar el tiempo perdido.
El consejero del ramo, Juan José Mateos, cree que la sentencia sentará jurisprudencia, por lo que todo parece indicar que la decisión del TSJCyL también se encaminará hacia la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía. De este modo, el Tribunal Superior debería anular el auto provisional que reconocía el derecho a la objeción y emitir una sentencia definitiva al respecto. «La proliferación de sentencias y el tiempo invertido en la deliberación del Tribunal indica que se trata de una cuestión compleja», valoró Mateos, quien recordó que la Junta optó en su momento por descargar la asignatura de cualquier contenido polémico. Sin embargo, esa decisión le granjeó la insatisfacción de los padres objetores y un recurso del gobierno central contra el currículum elaborado por el ejecutivo autonómico,
La pregunta se centra ahora en cómo esos alumnos recuperarán las horas lectivas perdidas. El consejero es optimista y estima que el sistema educativo de Castilla y León cuenta con las herramientas suficientes como para que los afectados recuperen el tiempo perdido: «se puede hacer a través de trabajos, con tutorías especializadas o con horas extra», sugirió Mateos, quien recordó que las ausencias escolares se producen «con relativa frecuencia» sin mayores consecuencias.
Pero en la Junta de Castilla y León tienen muy claro que esta situación se podría haber evitado si se hubiera llegado a un pacto entre las familias disconformes con los contenidos-“con quienes Mateos aseguró «compartir su desazón»-“, las comunidades autónomas y el gobierno central: «esa hubiera sido la gran solución al problema». Además, Mateos indicó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nunca debió haber planteado esta asignatura en términos de obligatoriedad; un currículum similar pero de formato optativo para los alumnos hubiera ahorrado muchos quebraderos de cabeza a padres y administraciones, aunque el final del culebrón parece cada vez más cerca.