Aunque las competencias son de las CC.AA., «el Ministerio no puede quedarse al margen», señala Cabrera
El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue el maltrato de menores
Se investigan 21 centros de toda España, dos de ellos en Palencia y Burgos, según el Ejecutivo
La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera
a.p. | madrid
El Gobierno pedirá a la Fiscalía General del Estado que actúe contra el maltrato, las vejaciones y la vulneración de derechos que son moneda corriente en muchos centros de internamiento de menores problemáticos. El panorama descrito en un informe de la oficina del Defensor del Pueblo es tan demoledor que «el Ministerio no puede quedarse al margen» aunque las competencias «exclusivas» estén en manos de las comunidades autónomas, dijo la titular de Educación, Políticas Social y Deporte, Mercedes Cabrera.
«Estos hechos tienen que ser investigados y eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado, y voy a pedirle que efectivamente lo haga», recalcó Cabrera. Su departamento se pondrá en contacto con las comunidades autónomas y ofrecerá su colaboración para saber qué está ocurriendo y coordinar eventuales medidas. «Confiamos en que las comunidades autónomas atiendan y respondan a este informe del Defensor del Pueblo», afirmó. La ministra recordó que existe un Observatorio de la Infancia al que se va a encargar también un seguimiento de estos hechos.
El informe del Defensor del Pueblo hace un recorrido por la mitad de los 58 centros de menores repartidos por España. A lo largo de casi 500 páginas describe celdas de castigo «siniestras» sin ventanas y con correas de sujeción, sedaciones abusivas en momentos de crisis, uso «desproporcionado» de la fuerza física para reducir a algunos menores, aislamientos de hasta 3 días, cacheos y registros arbitrarios y otras prácticas nada pedagógicas. Relata además quejas de padres, educadores y de los propios menores, un suicidio, varias tentativas, fugas y autolesiones.
Cada centro -”dice el informe-” se guía por sus propias normas sin apenas control administrativo, no hay protocolos ni leyes comunes, y faltan medios y plazas; acaban mezclados jóvenes con patologías psíquicas, trastornos de conducta, problemas familiares, algún delincuente juvenil, menores inmigrantes solos, etc, necesitados de tratamientos específicos.
En Castilla y León
A preguntas de la prensa, Cabrera ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía los hechos descritos en ese informe, en el que se analizan veintiún centros de toda España, entre ellos dos de Palencia y Burgos. Muchos centros de menores están llevando a cabo «prácticas contrarias» a sus derechos y la mayoría realizan contenciones físicas y mecánicas en situaciones de alteración del menor, en ocasiones con una agresividad «desproporcionada», según el informe.