La Conferencia Episcopal reclama que el aborto sea considerado un delito
El Gobierno recuerda que la última palabra en la tarea de gobernar la tiene el Parlamento «y no un organismo, por prestigioso que sea, de la Iglesia Católica»
El obispo de Calahorra y el presidente de la CEE, ante los medios de comunicación.
Los obispos no cejan en su empeño de de continuar, aún con más dureza, su ofensiva contra la nueva ley del aborto. El portavoz e la Conferencia Episcopal el obispo auxiliar de Madrid Juan Antonio Martínez Camino, defendió que la interrupción voluntaria del embarazo no sólo es un «pecado gravísimo» sino que debería ser considerado un delito que lesiona la moral y «el mandamiento de no matarás». «¿Puede alguna legislación civilizada considerar que quitar la vida a un ser humano inocente no es un delito?».
El interrogante encontró la inmediata respuesta del Gobierno. La vicepresidenta primera indicó tras la reunión del Consejo de Ministro que en la tarea de legislar, y en concreto en materia penal, «la última palabra la tienen los representantes de la soberanía, la tiene el Parlamento», y no un organismo, por prestigioso que sea, de la Iglesia Católica. «Las relaciones del Ejecutivo y la Conferencia Episcopal se basan en «la lealtad y la transparencia», un planteamiento que «no está reñido con la discrepancia, como en este caso».
Respeto. El proyecto de ley del aborto, que ahora es objeto de debate, «no va contra nadie» ni contra ningún sector social, reafirmó Fernández de la Vega. Indicó que la colaboración del PSOE y el PNV se traducirá en que tanto las mujeres como los profesionales de la sanidad contarán con «mayores garantías» a la hora de acometer una interrupción del embarazo.
El portavoz del Episcopado, sostuvo que «es verdad que no todo lo que es pecado tiene que ser siempre también delito», aunque acto seguido añadió que «no se entiende cómo quitar la vida a un ser humano inocente, algo que afecta tan sustancialmente a la dignidad y a los derechos fundamentales del ser humano, no pueda ser también un delito». El obispo auxiliar de Madrid sostuvo que «un pueblo que da su asentimiento social y legal para quitar la vida a sus hijos no está preparado para la solidaridad fraterna». «Es gravísimo quitarles la vida y tiene gravísimas repercusiones sociales y económicas».