La pesadilla de comprar un chalé con su hija como «okupa»: el drama de Marisa Porcel

Manuel Jiménez (nombre ficticio) buscaba una oportunidad para dar un hogar definitivo a su mujer y a su hija de apenas un año. En 2024, creyó haberla encontrado al adquirir un chalé independiente en el municipio madrileño de Las Rozas. La propiedad, de 486 metros cuadrados y casi 2.000 de parcela con piscina, se cerró por un precio de 700.000 euros, una cifra significativamente inferior al valor de mercado actual. Sin embargo, el bajo coste escondía una condición conocida: la vivienda estaba habitada. Según relata el propio Jiménez en declaraciones al diario ABC, decidió asumir el riesgo para acceder a un precio «más razonable», confiando en que el proceso de desalojo sería un trámite breve.

La adquisición se fraguó a través de una sociedad que había obtenido la titularidad del inmueble en una subasta de Hacienda, tras ser embargado por deudas con la Agencia Tributaria. Pese a que el vendedor fue honesto sobre la situación judicial del activo, la realidad ha resultado ser mucho más compleja de lo prometido. Un año después, Manuel se ve obligado a vivir de alquiler mientras costea una propiedad que no puede disfrutar, enfrentándose a una resistencia legal y personal que no previó al firmar la compra.

El conflicto ha tomado un cariz mediático debido a la identidad de la actual ocupante. Se trata de A. P., conocida artísticamente como P. P., actriz e hija de la recordada Marisa Porcel, famosa por su papel en la serie 'Escenas de Matrimonio'. La vivienda en cuestión es el mismo domicilio donde residió la veterana actriz hasta su fallecimiento. Lejos de abandonar la casa, la ocupante y su pareja mantienen un pulso judicial con el nuevo propietario que ha paralizado el desahucio.

Ángel Sánchez, letrado y socio de Golden Partners, el despacho que defiende los intereses de Jiménez, señala que sobre los ocupantes ya pesa una denuncia por usurpación. Además, el equipo jurídico prepara acciones legales adicionales por presunto chantaje y estafa procesal. Según el abogado, los ocupantes habrían presentado contratos de alquiler presuntamente simulados o manipulados con el único objetivo de dilatar el proceso judicial y evitar el lanzamiento, convirtiendo lo que parecía una inversión estratégica en un calvario burocrático para la familia de Manuel.