Los costes de la violencia sexista

Las faltas al trabajo y el descenso de la productividad son dos de las primeras consecuencias que acarrea la violencia sexista para las trabajadoras que la sufren, muchas veces, en el más absoluto silencio y sin atreverse a denunciar. Y lo cierto es que «el empresario es un tercero ajeno al problema y aunque es necesario exigir a la organización productiva una implicación por su dimensión social, es muy importante que haya una protección pública», subraya la profesora Rodríguez Escanciano. En este sentido, la investigación reconoce que la ley trata de que los costes para el empresariado sean mínimos. «Pero es inevitable que la mujer maltratada baje su productividad por ausencias y retrasos y a la vez hay que proteger la situación en que se encuentra», agrega. Como solución, propone la creación de permisos retribuidos como una ventaja para estas mujeres a incluir en los convenios colectivos. «La finalidad de la empresa es el rendimiento así que es muy importante que los interlocutores sociales traten de incluir medidas de protección para mejorar la situación de las víctimas de malos tratos», precisa. En todo caso, lo que queda claro es que la violencia afecta supone también unos costes de organización y afecta de «rebote» a las empresas, que han de tener en cuenta las especiales circunstancias de estas trabajadoras. La ley «anima» a las mujeres a no callar su sufrimiento, de manera que sólo se benefician de las ventajas laborales, sociales y de protección policial aquellas que denuncian. Algo que no siempre es fácil. «Las agresiones se producen en el entorno privado y puede haber diversos tipos de dependencia, está claro que no es fácil salir. Es un tema difícil y complicado, pero necesitado de protección», señala la profesora Susana Rodríguez Escanciano. En su opinión, para justificar las faltas de asistencia al trabajo por este motivo debería de ser suficiente con un informe de los servicios sociales, sin tener que acreditar la violencia mediante una denuncia. Pese a que augura una pronta reforma de la ley integral de violencia, la profesora entiende que «hay un hecho estadístico claro y los hechos demuestran que las víctimas son mujeres». Por tanto, aboga por la necesidad de conciliar la protección con los diferentes intereses económicos que hay en el mundo laboral. La ley integral está pendiente de cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por penar más a los hombres que a las mujeres por el mismo delito. La investigación de la profesora Rodríguez Escanciano será publicada por la Cátedra de Estudios de Violencia de Género de la Universidad de las Islas Baleares a través del Instituto Balear.