Nadie vio la última lágrima de Sara
«Esta soy yo... Este él», se titula esta acuarela que Sara Calleja expuso en Ármaga en 2012. MARCELINO CUEVAS.
Nadie vio la última lágrima de Sara, aunque las lágrimas salpican sus acuarelas. Grandes lágrimas como la que brota en la obra «Esta soy yo... Este él», que expuso hace tres años en la Galería Ármaga de León. Sobrecoge leer los los títulos de aquella exposición: «No llores bonita», «En la cuerda floja», «El filo del cuchillo», «Tristeza de amor»...
«Era una bella mujer en todos los sentidos. Sus geniales acuarelas contaban su vida, sus sueños y sus anhelos», comenta la galerista Margarita Carnero. El pintor Andrés Sandoval ve en los corazones y las lágrimas que pueblan su obra «amor y amargura», el relato de una realidad, «su terrible existencia con un execrable ser».
El 11 de julio puso fin a su vida en Ibiza tras dos años de acoso desde que rompió con su ex pareja, Christian Costenoble. Su hijo Elio García Calleja recalca que Sara era una artista, pero nunca vivió de la pintura. «Nos gusta que se le reconozca como pintora y acuarelista, pero mi madre no vivía de la pintura, siempre trabajó y con su trabajo nos educó y sacó adelante yo creo que bastante bien», afirma.
Sara Calleja Rodríguez nació en Ponferrada en 1963. Su padre era arquitecto. Se casó muy joven, tuvo dos hijos, Andrea y Elio, a quienes sacó adelante ella sola, siempre trabajando a tiempo completo, los últimos 15 años en una constructora que quebró. Pintar era su pasión, lo hacía en sus ratos libres. Desde que quedó en el paro tenía más tiempo pero «nunca dejó de buscar trabajo y hubiera salido adelante si no la hubiera machacado el maltratador», añade el hijo.
Christian Costenoble no aceptó la ruptura y, en venganza, denunció a Sara ante el Sepe por haber hecho una exposición en Bruselas y supuestamente vendido algún cuadro. «Ese fue el principio de su ruina. Mi madre lo aceptó y buscó solucionarlo. Pero la sanción que le pusieron fue desproporcionada», alega.
Elio García Calleja está convencido de que el Sepe «actuó de oficio, sin investigar, fueron a lo bestia y no tuvieron en cuenta que el denunciante era su maltratador y que era un instrumento que utilizaba para hacerle más daño», apostilla.
«Nosotros hicimos una llamada al Sepe y nos contestaron que la resolución era firme y no se podía revocar», comenta el jefe de la sección de Mujer de la Junta. No fue la única que se recibió en las oficinas de la Dirección Provincial de Trabajo de Gran Vía de San Marcos.
«Mi madre no vivía de la pintura. Siempre trabajó y hubiera salido adelante si no la hubiera machacado el maltratador», afirma su hijo
La Unidad de Violencia de la Mujer de la Subdelegación del Gobierno advirtió al antiguo Inem que se trataba de una víctima de violencia de género. La Renta Activa de Inserción (RAI) que cobraba Sara era como parada de larga duración y no como víctima.
En el Sepe se limitan a decir que «en todos los casos de cobro indebido de los que se tiene conocimiento» se actúa según las normas, es decir, reclamando lo cobrado y, si procede, con una sanción. No importa de donde venga la denuncia. «Que investiguen esa multa asesina del Inem», dicen un amigo.
«Cuando vino a preguntar por alguna ayuda que le sirviera para pagar esa deuda no conseguimos detectar la gravedad de su deterioro psíquico para intentar que voluntariamente aceptara ser incluida en el programa de apoyo psicológico», lamenta Quinidio Martínez, jefe de la sección de Mujer de la Junta.
Nadie impidió que Sara acabara sus días con la vida estampada sobre la acera de la calle Aragón de Ibiza. La madrugada del 11 de julio saltaron todas las alarmas en la Unidad de Protección y Atención a Víctimas (UPAV) de la comisaría ibicenca. Ya era tarde para salvar a Sara. Ahora apuntan que pudo ser un asesinato a distancia, un suicidio inducido.
La vida de la mujer que yacía en el suelo aquella triste madrugada había empezado a apagarse cinco años antes, cuando se fue a Bruselas con Christian Costenoble. «La tenía aislada de su familia y sus amistades, la transformó en una piltrafa sin ganas de vivir», afirma Mar Torbado, para quien el suicidio de Sara es un fracaso de todo el sistema de atención a las víctimas de violencia de género «porque ha acabado en muerte». Una tragedia que se ha convertido en un aldabonazo para llamar la atención sobre las víctimas invisibles de violencia de género y que cuestiona la llamada «atención integral» que debe poner en coordinación desde el minuto cero a los sistemas policiales, judiciales, sociales, económicos y psicológicos. Es el espíritu de la Ley Integral de Violencia de Género que lleva en vigor más de 10 años en España. «Falló el sistema y fallaron las personas, porque detrás de cada acción hay personas», afirma el hijo. «No dudo de los procedimientos, pero deberían ser más flexibles y ver cómo está cada víctima», recalca.
Campaña ciudadana para que los presupuestos generales del Estado de 2016 doten un plan contra la violencia de género
«Hace dos semanas Sara Calleja se tiró por la ventana después de 2 años de acoso y 19 denuncias inútiles contra su ex a las espaldas. Arruinada por él, ninguneada por la justicia, e incapaz de seguir adelante se estrelló contra el pavimento para decir BASTA». Así comienza la carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, para exigir un Plan Integral contra la Violencia de Género en los presupuestos de 2016. Una de cada ocho españolas sufren violencia de género, pero esta lacra «ha chocado con un brutal recorte de fondos por parte del Gobierno», recalca la campaña iniciada en el portal de Aavaz.org.
En León en 2013, el año que Sara puso la primera denuncia, entraron en el Juzgado de Violencia de Género 1.166 asuntos penales sobre maltrato. Un juzgado que no es exclusivo y se ocupa, entre otros, del asesinato de Isabel Carrasco, aunque puntualmente fue reforzado. La jueza Sonia González, que vio a Sara entrar llorando en su despacho sola en más de una ocasión, asegura que se le dio una protección judicial efectiva. «Quizás necesitaba una ayuda que no le podíamos dar en el juzgado», subraya frente a las críticas.
En Ibiza, donde puso las dos últimas denuncias, el juez de violencia de género está de baja y los juzgados de guardia se van haciendo cargo, por reparto, de los asuntos de violencia de género que van entrando.
En las oficinas de asistencia a las mujeres maltratadas, en los juzgados y en los servicios policiales se habla con estupor del trágico final de Sara Calleja. En León el caso se conocía de sobra.
Había llegado incluso a las reuniones de las comisiones de asistencia a víctimas que son usuarias del teléfono móvil de protección de la Policía Local. «No se pudo hacer nada porque el Sepe dijo que la multa estaba fundada», se excusó una persona ante amistades y familiares en el homenaje en el Jardín del Cid.
«No fui capaz de detectar el riesgo que corría cuando Sara vino a la oficina de la Mujer a informarse»
El juzgado de Ibiza tendrá que decidir si, como argumenta el informe de la Policía Nacional, el caso de Sara es un suicidio inducido y si se inhibe a favor de León como han pedido algunas voces para que se acumulen los autos.
María Engracia Martínez Villaverde, fiscal de violencia de género en los últimos nueve años, es partidaria que se abra una causa, en todo caso, por maltrato psíquico habitual para endurecer la condena, en lugar de que los casos sigan fragmentados.
Christian Costenoble está pendiente de dos juicios por amenazas en el ámbito familiar que la fiscalía no ha calificado después de más de un año. Se argumentan problemas de notificaciones por ser un ciudadano extranjero. Pero la fiscalía, al igual que el juzgado, tiene muchos asuntos que tratar.
Cuando Martínez Villaverde presentó su renuncia al puesto en el mes de junio, nadie quiso hacerse cargo de forma voluntaria de este área. El fiscal jefe encargó la tarea a otra fiscal mujer, Eva María Morala y encomendó a la ex delegada los casos de violencia en el área rural. «Yo hablé con Sara porque hablo con todas las víctimas y estoy destrozada por lo que ha pasado», ha repetido. Lo ha dicho en público y a sus colegas en León y en la Fiscalía General del Estado.
Algunas personas hacen autocrítica. «No hay palabras. No deberíamos esperar a que pasen estas cosas para replantearnos lo que estamos haciendo», comenta una técnica de asistencia a vícitmas. Era muy conocida porque había recorrido todas las administraciones en busca de ayuda para que le levantaran la multa de casi 20.000 euros que le puso el Sepe a raíz de una denuncia de su ex pareja.
«Sara, que tomó la decisión de quitarse la vida porque quizás no fuimos capaces de ayudarla y porque finalmente no pudo soportar el aliento en su cuello, que la fiera vengativa y carroñera que fue su ex pareja, expulsaba cada día, a veces de una forma real y vivida, y otras muchas de forma virtual pero no menos dañina y perversa», lamentó en el último manifiesto de los Lunes sin Sol la Plataforma contra la Violencia Machista de León.
Sara es ya la cara de las víctimas silenciadas de la violencia de género. Se fue hundiendo, dice el manifiesto, «acorralada en un círculo de tristeza y pobreza real del que ya no pudo salir». «Estoy segura que su muerte marcará un antes y un después», comenta una amiga de la infancia, destrozada por la impotencia y la ceguera de la sociedad ante casos tan extremos.
En León el problema de la multa del Sepe se llegó a tratar incluso en la comisión del teléfono de la mujer
La jueza de violencia de género en aquel entonces, Sonia González, ha defendido la respuesta judicial al caso de Sara con medidas de protección preventivas y el encarcelamiento de Christian Costenoble, el 24 de marzo de 2014, por incumplir reiteradamente la orden de alejamiento y no comunicación con Sara.
Luego fue condenado por el Penal 2 a nueve meses. Nadie entiende por qué la abogada de Sara aceptó el pacto para rebajar su petición de tres años de prisión, con el historial que tenía: más de 600 mensajes en tres meses, acoso en el domicilio y en la calle incluso cuando tenía la pulsera de control telemático e intentos de comunicarse con Sara incluso desde la prisión.
Su maltratador aceptó el trato porque le beneficiaba. Pero no se reconoce como tal y culpa a las «hembristas» y a la ley de violencia de haber sido encarcelado. Después de las denuncias de Sara y cuando ya sabía que tenía orden de alejamiento y no comunicación no dejó de llamar a su teléfono y enviar mensajes: en dos meses más de 600. La esperó en su casa e incluso frente a la Comisaría de León y colgó numerosas fotos del pasado juntos en Facebook hasta que fue encarcelado. ‘J’taime’, le repetía y le llegó a decir cuando entraba en el Juzgado de Violencia, mientras en otras entradas juraba «pagarte con la misma moneda» y devolver «ojo por ojo». Nunca aceptó la ruptura, asegura que los cuadros que tiene de Sara son de su propiedad y dice que le dejó a deber 4.500 euros. El día de su muerte actualizó su estado de facebook a viudo.
Mar sólo puede recordar a su amiga cayendo al vacío por la ventana. Y quiere recordarla viva. Llora y clama justicia: «Ahora lo que importa es lo que van a hacer, porque si siguen los despropósitos, éste se va de rositas», sentencia.