Carriedo: «Las empresas volverán a la actividad cuando sea seguro hacerlo»

Las situaciones laborales de suspensión de contratos y reducción de jornadas incluidas en los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) que se multiplican con motivo de la paralización de la actividad por el Covid-19 tienen de plazo «hasta que finalice el estado de alarma»; aunque la Junta ha solicitado al Gobierno que se prolonguen hasta que las empresas puedan volver a la actividad en suficientes condiciones de seguridad. Así lo aseguró ayer el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que insistió en que «va a haber empresas y sectores productivos que no van a tener actividad aunque finalice este estado de alarma, por la depresión de la demanda».

«En todo caso, el Erte no debería ser el factor determinante para el comienzo de la actividad, que debe estar sólo ligado a la seguridad. Lo importante no es el cuándo, sino el cómo», señaló el consejero, que concluyó que «ese momento es cuando la actividad pueda realizarse con la máxima seguridad, y con toda la información precisa y los medios de protección disponibles para las empresas».

Carriedo se refirió también al compromiso de la Junta de llevar a cabo la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones aunque advirtió de que se hará cuando haya pasado la crisis del coronavirus.

Fernández Carriedo explicó ayer en rueda de prensa que eliminar este impuesto es una prioridad de la Junta que, de hecho ya había presentado el proyecto de ley y había finalizado el trabajo de la comisión parlamentaria correspondiente.

El consejero de Economía y Hacienda recordó además que la supresión del impuesto estaba a punto de aprobarse en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, por lo que la idea de la Junta es eliminarlo.