Los miembros de la sociedad reconocen que se tiene que redefinir el diseño

Además de León, que ya ha dejado claro con su propuesta que el proyecto hay que redefinirlo, los otros dos socios de la sociedad León Alta Velocidad -San Andrés y la Junta- también son conscientes de que el modelo actual no tiene viabilidad en tiempos de crisis. ¿Cuál es la solución? De momento, todo el mundo espera a escuchar al Ministerio.

Fuentes de la Consejería de Fomento que preside Antonio Silván insisten en que la situación actual no es la misma. En 2003, cuando se creó, las expectativas eran muy distintas. El sector inmobiliario estaba en pleno apogeo; nada comparable con la situación del 2007 y menos con la del 2012.

De todas formas, desde la Junta se matiza que la administración autonómica mantiene el objetivo del soterramiento en la capital leonesa, aunque reconoce que es necesario una redefinición del proyecto como tal con tres máximas: que sea viable, eficaz y eficiente.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo está en la misma línea, a la espera de la propuesta que haga el Ministerio. El alcalde de este municipio lidante con León, Gregorio Chamorro, reconoce también que las circunstancias han cambiado. San Andrés, donde el Adif (Renfe) liberaría cerca de 85.000 metros cuadrados que en gran parte se destinarían al soterramiento de unos 700 metros de vía, tampoco renuncia al proyecto, «porque es bueno para San Andrés, pero hay que tener en cuenta que las circunstancias son otras».

Además de la solución técnica que se dé, está la parte administrativa, donde el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, ha sido muy crítico con el actual modelo. Gutiérrez ha criticado tanto los sueldos que se pagan al personal de la sociedad León Alta Velocidad como el alquiler de la oficina que tiene en un edificio de la calle República Argentina de la capital leonesa.

Y algo más. La sociedad empieza a arrojar pérdidas en los últimos balances. Con datos de este mismo mes de septiembre, León Alta Velocidad acumula ya 14 millones en números rojos, de los que tres son con la constructora de la estación provisional y otros tres de proyectos en marcha. La auditoría de las cuentas del 2010 y del 2011, firmada por KPMG, ya advierte de «la incertidumbre sobre la capacidad de la sociedad de continuar con sus operaciones vinculadas a la obtención de financiación en la cuantía suficiente para asumir sus compromisos».

La oposición en el Ayuntamiento de León es muy crítica con la propuesta del PP. Primero porque la integración ya ha desarrollado parte de sus proyectos, como la propia estación y sobre todo la eliminación del paso a nivel del Crucero. Pero también porque el coste de la sociedad para el Ayuntamiento no es muy alto, 50.000 euros anuales. UPL también ha mostrado su disconformidad y apuesta por buscar soluciones.