Prórrogas de un año en los plazos para dar abasto a las tramitaciones
El largo confinamiento ha mantenido en activo a los administradores de fincas para comunicar la normativa y garantizar la seguridad y salubridad de los edificos (incluida la normativa en el caso de que alguno de los vecinos resultara positivo en coronavirus). Sin embargo, ha paralizado el resto de la voluminosa burocracia que mueven estos gestores. Como en otros muchos sectores, la vuelta a la actividad difícilmente permitirá duplicar servicios y tareas, y tampoco las administraciones públicas parecen preparadas para recibir una nueva avalancha de permisos y documentos.
Ante esta situación, el colegio de administradores de fincas ha planteado una serie de propuestas al Gobierno, la Junta y las administraciones locales. Que pasan fundamentalmente por prolongar los plazos previstos para cada tramitación al menos hasta marzo del año que viene.
Jesús Luque recuerda que se está produciendo «una importante acumulación de trabajo, y en la desescalada se reclamarán todas las obras pendientes, acuerdos, documentación,... Ni las empresas que prestan su servicio a las comunidades de vecinos ni las administraciones tienen recursos suficientes para atender al doble de trabajo del que tienen normalmente».
Por eso los administradores de fincas reclaman que «todos los plazos que afectan a las obligaciones de las comunidades se alarguen al menos hasta marzo de 2021. Es la mejor forma de repartir el trabajo». Un aplazamiento que afectaría desde las inspecciones técnicas de las instalaciones de los edificios a la tramitación de las subvenciones; así como la celebración de las juntas generales anuales mientras éstas no puedan celebrarse telemáticamente o con las debidas garantías.
En todo caso la principal preocupación de los administradores de fincas se centra en el desarrollo de los protocolos para que los vecindarios preserven las necesarias condiciones higiénicas; mientras se ven sobresaltados por su implicación en la gestión de la desescalada del confinamiento, como ocurrió la pasada semana con la gestión de las zonas comunes de los edificios en la salida de los menores.
Los administradores de fincas viven al minuto el presente de los ciudadanos, pero tienen por delante un largo camino.