Tribunales
Juzgarán al anterior alcalde de Bembibre y su Junta por el contrato con Clece
El Juzgado número 8 sentará en el banquillo a Otero aunque el fiscal pedía archivar el caso
José Manuel Otero, en una imagen de 2011, cuando era alcalde de Bembibre. ANA F. BARREDO
La titular del Juzgado número ocho de Ponferrada ha dictado un auto de apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el anterior alcalde de Bembibre, José Manuel Otero, y su junta de gobierno por el contrato de servicios con la empresa Clece, concesionaria de la residencia de ancianos, la guardería municipal y las piscinas climatizadas y de verano. La magistrada ha tenido en cuenta la acusación particular a la hora de sentar a Otero en el banquillo, a pesar de que el Ministerio Fiscal había solicitado el archivo del caso. Junto a José Manuel Otero, se sentarán en el banquillo los que fueron concejales de su equipo, Federico Fernández, Serafín Vázquez de la Riva, Laura Álvarez Alonso, Gloria Castro Cabezas y César Alfonso Ferrero Luego.
La empresa Clece ostentaba la gestión de la Residencia de ancianos, la Guardería municipal y las piscinas climatizadas de Bembibre. El caso que ahora se juzgará se inició con un acuerdo de fecha 11 de abril de 2013 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bembibre que prorrogó a la empresa Clece el contrato de explotación de estos servicios, a los que se sumó las piscinas de Verano. El equipo que lideraba Otero justificó la inclusión del nuevo servicio por ser éste deficitario generando pérdidas en torno a los 30.000 euros anuales.
Ese acuerdo fue sin embargo declarado nulo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de León el 3 de noviembre de 2014 y por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 15 de abril de 2016. Posteriormente, fue el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Bembibre, Manuel Ángel Rey Vieira, quien en 2017 presentó denuncia contra la Junta de Gobierno por una supuesta prevaricación administrativa al agotar el tiempo que restaba sin sacar a contratación una nueva licitación de todos los servicios que realizaba Clece pese a las sentencias que declararon nula la prórroga.
La acusación particular pedía para los miembros de la Junta de Gobierno la imposición de una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.
Aunque inicialmente el escrito de calificación del Ministerio Fiscal solicitaba el sobreseimiento y archivo del procedimiento ahora, cuatro años después, la magistrada del Juzgado número de Ponferrada ha decretado la apertura de juicio oral en un auto que hizo público ayer el grupo municipal socialista de Bembibre.