miércoles 25/5/22

El 99% de alcaldes cederá funciones y la Junta soportará ahora más gastos

La reforma local «poda» competencias a municipios menores de 20.000 habitantes.
Bastón de mando, emblema del poder municipal.

Era fácil intuir que un proyecto de ley que alterase el status quo del reparto de poder entre administraciones vigente durante casi 30 años iba a levantar controversia. La cuestión es si el Gobierno preveía tanta y desde tantos flancos. La reforma local ha llegado al Senado y por el camino no ha dejado indiferente a nadie. El PP se han quedado solo con el apoyo del PNV en el Congreso. Aparentemente, porque en la familia popular son notorias las grietas entre alcaldes y barones autonómicos.

Una de las comunidades más críticas con el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha sido Castilla y León. En contra de los borradores y del anteproyecto aprobado en julio por el Consejo de Ministros se han posicionado el Ejecutivo, el Legislativo por unanimidad y la Federación Regional de Municipios y Provincias. Y aún con las enmiendas incorporadas al proyecto en el Congreso persisten las discrepancias.

Todos han defendido que la norma no respeta las singularidades de Castilla y León y han pedido un «trato especial». Y, aunque el ministro Montoro ha retirado preceptos tan devastadores como la supresión de municipios o el coste estándar para valorar los traspasos de competencias, su reforma no acaba de encajar bien en el mapa de la Comunidad.

El objetivo del Gobierno es «clarificar competencias» para abaratar la prestación de servicios y cumplir el mandato constitucional de «estabilidad presupuestaria». Y lo hace potenciando el modelo de la economía de escala frente al de proximidad.

La pregunta es si el mismo patrón puede servir con similar resultado para una comunidad uniprovincial, superpoblada y urbana como Madrid, que para otra como Castilla y León, con 2.248 municipios (el 25% de los que existen en España), muy extensa, con baja densidad demográfica y alto envejecimiento.

Para abordar la letra pequeña de la reforma desde la máxima pluralidad, tres voces autorizadas analizan los pros y contras para la Comunidad. Son el portavoz de la Junta y artífice de la reforma territorial autonómica, José Antonio de Santiago-Juárez; el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo; y el procurador socialista y experto en política territorial, Francisco Ramos.

Alcaldes «incompetentes»

La reforma local mengua competencias y funciones de los municipios. La poda es mayor cuanto más pequeño es el ayuntamiento. Por ejemplo, las tareas que atribuye a los alcaldes en los de menos de 1.000 habitantes, el 88% en Castilla y León (1.981), quedan relegadas a alumbrado, limpieza, aguas y cementerio.

El trasvase de poder a las diputaciones, en mayor o menor grado, afecta a municipios de menos de 20.000 habitantes, todos (el 99,3%) salvo las capitales y Ponferrada, San Andrés de Rabanedo, Aranda, Miranda, Medina y Laguna.

«Es la devaluación de los alcaldes, que estarán para recibir quejas de sus vecinos por lo que gestionan otros. Serán la autoridad incompetente», resume Ramos, quien se pregunta «dónde está la voz de los alcaldes a los que les están robando su espacio político» y «qué van a poner en los programas electorales».

Diputaciones super

Si hay una administración que sale reforzada es la provincial, en clara sintonía con la ideología del PP. La reforma otorga superpoderes a las diputaciones. Bajo la fórmula de la «coordinación», propondrán las formas de prestación de los servicios en los pueblos de menos de 20.000 habitantes, salvo en el Bierzo, donde decidirá el Consejo Comarcal.

Maillo precisa que «se refuerzan como entidades de referencia supramunicipal para llegar donde no lo hacen los ayuntamientos, como de hecho ya ocurre, pero siempre con su consentimiento». Y así lo dice la ley: será «por acuerdo». Pero la norma añade que si los municipios quieren asumir esas funciones, han de demostrar que lo hacen más barato y son las diputaciones las que pueden acreditarlo. El Ministerio decide, tras escuchar a la Junta.

«Tienen más poder que la Junta sobre las competencias locales», lamenta Ramos. «Han demostrado escasa capacidad de responder a los ayuntamientos. Si no, ¿por qué hay tantas mancomunidades?», observa. «Es una regresión democrática reforzar instituciones cuyos miembros eligen los partidos. Serán un monstruo, con más riesgo de corrupción».

La hacienda regional sufre

Una parte de las funciones de los ayuntamientos pasa a las diputaciones y parte, a la administración autonómica. La Junta está obligada a asumir más servicios por el mismo precio, es decir, sin financiación adicional. La reforma le atribuye la titularidad de competencias en Sanidad, Servicios Sociales y Educación. El traspaso de las escuelas supondrá un desembolso extra para la Junta de 100 millones, según sus cálculos, pero espera afrontarlo con recursos de la financiación autonómica, ya que no las asumirá hasta que se reforme el modelo.

El problema está en los Servicios Sociales. La ley dice que los municipios realizarán informes sobre personas en riesgo, y la Junta los asistirá a través de los Centros de Acción Social (Ceas), asumiendo la teleasistencia o la ayuda a domicilio, que hasta ahora gestionaban con su apoyo económico ayuntamientos y diputaciones. «Esto obliga a montar otra red de Ceas y a duplicar el coste, 51 millones más en personal», precisa De Santiago-Juárez.

«En Castilla y León tenemos seis puntos más de población mayor que en el resto de autonomías. Si tenemos un sistema integrado de Servicios Sociales que funciona correctamente, ¿por qué cambiarlo?», coincide el socialista Francisco Ramos.

La otra pata de los Servicios Sociales son las residencias. En su Ley de Ordenación, la Junta ya preveía ir asumiendo progresivamente la red de 9.000 plazas, pero la reforma local acorta los plazos a dos años, tres en la práctica (31 de diciembre de 2016) si se tiene en cuenta que hasta el tercero el Gobierno no descontará dinero a la Comunidad.

La otra guerra que libra la Junta tiene que ver con las competencias sanitarias. Sin clarificar la financiación, la ley dice que las diputaciones «coordinarán» el mantenimiento y conservación de los consultorios médicos –más de 3.600– por «convenio» con las comunidades. Pero no es explícita en cuanto a la transferencia, por ejemplo, de los psiquiátricos.

La Junta de Castilla y León es partidaria de que se acompase con la nueva financiación autonómica, como las escuelas. Su portavoz resume: la reforma local ocasiona un «grave perjuicio a la Hacienda de la Comunidad».

«Me sorprende que la Junta se queje ahora y no lo hiciera cuando en 2005, con el Pacto Local, asumió sin financiación otras competencias como los conservatorios de música. Las diputaciones también asumimos ahora más sin fondos. Es el peaje que tenemos que pagar por tener una administración, una competencia», opina Maillo.

El 99% de alcaldes cederá funciones y la Junta soportará ahora más gastos
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