Los afectados de la colza reclaman más atención de la Administración
Setecientos leoneses conviven con las secuelas 43 años después del envenenamiento masivo
Editorial: Los abandonados de la colza
Una de las asambleas de afectados de la colza en 2002 tras recibir el 70% de indemnizaciones. RAMIRO
Los afectados por el síndrome del aceite tóxico de colza, 700 leoneses de los 11.700 que todavía contabilizan en España, reclaman atención e implicación a la Administración y que se les aplique el principio de solidaridad como sucede en el caso de personas dañadas por riadas, desastres climáticos u otro tipo de catástrofes.
Este 1 de mayo, cuando se cumplen 43 años del envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado que en León llegí a infligir lesiones a 1.200 personas, el portavoz de la Plataforma Seguimos viviendo, Carlos Serrano, describe la situación de este colectivo y plantea las reclamaciones que defienden en materia de salud, laborales y sociales.
El síndrome del aceite tóxico (SAT), una enfermedad crónica multisistémica que percute en diferentes órganos con numerosas secuelas, afectó desde mayo de 1981 a más de 20.000 personas y ha causado desde entonces unos 5.000 fallecimientos, 200 de ellos en la provincia leonesa.
«Para nosotros son 43 años enterrados. Hemos estado abandonados sistemáticamente por todas las administraciones hasta la fecha, sin un seguimiento ni vigilancia de la enfermedad y sin investigación», lamenta Carlos Serrano, de 58 años, con hipertensión pulmonar como una de las secuelas de la enfermedad, lo que le obliga a utilizar una máquina con oxígeno.
El portavoz de esta Plataforma, una entidad incluida en la Asociación Espacio de Barrio Almudena Grandes, resalta que su «calvario de reivindicaciones lleva años sin respuesta», a pesar de las reuniones mantenidas con diferentes ámbitos administrativos.
En la actualidad, según los datos oficiales, los afectados por este síndrome se concentran principalmente en la Comunidad de Madrid, pero también en Castilla y León y Castilla-La Mancha. La gran mayoría supera los 45 años. Existe una unidad de seguimiento de estos pacientes en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid que, afirma Serrano, está «infradotada», ya que atiende a 1.600 personas con tres médicos internistas, tres mañanas a la semana y con escasos recursos.
Por eso pide que a los afectados del síndrome del aceite tóxico se les aplique el principio de solidaridad, como se hace con personas que sufren otro tipo de catástrofes. «Esto supondría un costo pequeño y permitiría que tuviéramos apoyo psicológico, social, en el empleo y en la vivienda, de lo que carecemos». También reclama incluir en el SAT el baremo de enfermedades para el grado de discapacidad, la incapacidad laboral y la jubilación anticipada; al tiempo que subraya que las indemnizaciones que recibieron en su momento fueron insuficientes.
La Plataforma está trabajando para mantener conversaciones con todas las administraciones, desde las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, con el fin de mejorar su situación y reconocimiento. «Estamos intentando seguir los pasos hacia la colaboración y el entendimiento, no queremos actuar de manera agresiva ni espectacular (en octubre de 2021 se encerraron en el Museo del Prado para denunciar su abandono). No es el camino, queremos colaborar y que se nos haga caso y vamos a empezar pidiendo cosas sencillas y elementales», expone.
Las secuelas del SAT son múltiples, con daños pulmonares, neurológicos y musculares como hipertensión pulmonar, esclerodermia, debilidad y atrofia muscular, alteraciones de la sensibilidad, cefaleas, problemas oculares o dentales, depresión e insomnio, entre otros.
En 2018, el Instituto de Salud Carlos III concluyó en un estudio que la calidad de vida de los afectados por el síndrome del aceite tóxico era baja o muy baja, y abogó por la implementación de planes integrales.