La Junta permitirá cobrar a la vez el ingreso vital y la renta garantizada

La Junta de Castilla y León ha fijado mediante un anteproyecto de Ley de modificación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que esta prestación de la Comunidad sea compatible con la recepción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobada por el Gobierno de la nación durante la pandemia de covid-19.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha informado ayer de que el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León para hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital que concede el Estado.

De este modo, la Junta trata de dar solución, según ha explicado Blanco, a los problemas de las familias «más necesitadas» de la Comunidad, pues de las 36.908 unidades familiares solicitantes del IMV, 6.888 de ellas han resultado beneficiarias de la prestación, otras 5.588 solicitudes han sido denegadas y 9.026, inadmitidas, mientras que las restantes continúan sin tramitar.

La consejera ha explicado que se da la circunstancia de que 3.004 preceptores de la RGC percibían menos renta que con el IMV, por lo que, entre los meses de agosto y octubre, se han aprobado subvenciones complementarias por importe de 340.000 euros y de las que se han beneficiado 459 unidades familiares.

La Renta Garantizada de Ciudadanía constituye un derecho reconocido el Estatuto de Autonomía de todos los ciudadanos castellanos y leoneses que se encuentren en situación de vulnerabilidad. De hecho, se configura como un apoyo social y familiar, de naturaleza económica y percepción periódica y su reconocimiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos y a la suscripción de un Proyecto Individualizado de Inserción laboral con el objetivo de proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender necesidades básicas de subsistencia y tratar de integrar a quienes se encuentren en situación de exclusión social.

Entre los requisitos que debe reunir el solicitante para poder ser titular de la prestación se establece que no podrán acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía quienes estén percibiendo prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas, ya que la RGC no se configuró para complementar los ingresos que pudieran percibir los solicitantes procedentes de acciones protectoras de la seguridad social.

A nivel estatal, el Ejecutivo aprobó el pasado mes de mayo el Ingreso Mínimo Vital, que se configura como una prestación económica en su modalidad no contributiva, destinada al igual que la RGC, a aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, garantizando un nivel mínimo de renta.

Al pasar progresivamente a percibir el IMV aprobado por el Estado, se ha puesto de manifiesto que en determinados supuestos, la cuantía reconocida era inferior a la que le correspondería en concepto de RGC perdiendo estas familias poder adquisitivo respecto a lo que venían percibiendo o lo que se le hubiera reconocido por RGC, con una diferencia media de casi 207 euros.

Ante la imposibilidad legal de complementar el Ingreso Mínimo Vital con la Renta Garantizada de Ciudadanía, y dada la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por esta situación, la Junta ha venido concediendo una subvención directa a las familias con el objetivo de evitar la pérdida de poder adquisitivo, lo que ha supuesto que en los meses de agosto a octubre un total de 459 unidades familiares hayan percibido una compensación económica por un importe más de 340.000 euros.