La banca avisa del riesgo de convertir en generalizada la ayuda a los hipotecados
Sin rastro aún del acuerdo entre los bancos y el Ministerio de Economía para ampliar la ayuda financiera a la que puedan acogerse las familias vulnerables y, al mismo tiempo, proteger a los hogares con rentas medias pero que también tienen problemas para asumir la subida repentina del euríbor. El pacto sigue retrasándose ante la complejidad de definir los efectos colaterales que puede tener esa medida en los impagos del futuro y las provisiones que se vea obligada a realizar la banca por encima de lo estimado inicialmente.
El nuevo Código de Buenas Prácticas Bancarias y la regulación adicional que saldrá de estas conversaciones puede convertirse en un arma de doble filo. Es decir, solucionaría problemas a corto plazo pero los agravaría después. Uno de los principales temores del sector financiero, según apuntan fuentes de la negociación, es el «peligro» de tener que realizar más dotaciones de capital para hacer frente a posibles impagos a medio plazo. Esos aspectos «técnicos» son los que sigue retrasando el acuerdo, porque ahí reside el principal punto de fricción que existe en estos momentos entre ambas partes que avanzan en la negociación, pero no terminan de perfilar todos los flecos para evitar efectos perversos en el futuro.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha admitido que están «evaluando opciones» como que se pueda establecer una cuota más baja para «aplanar la curva de los tipos de interés y amortiguar ese impacto» del euríbor. Pero, al mismo tiempo, admiten que tienen que «trabajarlo bien para que no haya efectos indeseables». Porque con la ampliación del Código de Buenas Prácticas se puede conseguir contener el pago de las hipotecas durante unos meses pero después se puede pasar a un escenario en el que esas mensualidades suban de forma repentina, acaben en impagos y, por tanto, se genere un problema mucho más relevante que el que puede existir en este momento, a finales de 2022.
Se está trabajando en dos vías: ampliar el ámbito del Código de Buenas Prácticas actual para aliviar la situación de los ciudadanos y de las familias más vulnerables y tener un protocolo adicional para las familias de clase media que se pueden ver afectadas.