La Fiscalía pide imputar a Francisco González por el caso Villarejo
josé m. camarero | madrid
Casi cuatro meses después de que BBVA fuera imputado como persona jurídica en el ‘caso Villarejo’, el que fue su presidente hasta 2018 y supuesto inductor de los trabajos encargados al excomisario José Manuel Villarejo, Francisco González, puede acabar en la misma situación jurídica en pocos días. Después de las pesquisas y análisis de las últimas semanas, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido solicitar a la Audiencia Nacional que investigue al histórico banquero por los contratos que el grupo firmó con la empresa de seguridad Cenyt, vinculada al policía ahora en prisión.
Este movimiento pesa como una losa sobre la figura de Francisco González, ya que el juez que instruye el caso, Manuel García Castellón, podría pronunciarse al respecto esta misma semana, según fuentes judiciales. De hecho, el magistrado suele ser proclive a aceptar las peticiones de imputación de la Fiscalía para este proceso, como así ha ocurrido ya en los últimos meses. El 25 de julio pasado le solicitó esa imputación de la entidad, y el magistrado la aceptó apenas cinco días después. Así, de confirmarse, el expresidente del banco pasaría a ser un investigado más junto a la propia entidad, imputada a finales de julio como persona jurídica por los supuestos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.
En el caso de González, el Ministerio Público ha pedido al juez que le cite a declarar por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. Desde que abandonó el cargo de presidente de honor de la entidad, el pasado mes de marzo justo un día antes de la junta de accionistas del grupo en Bilbao, Francisco González apenas se ha referido a su situación jurídica, al menos públicamente. Solo se pronunció al ‘caso Villarejo’ cuando conoció la imputación de BBVA.
Entonces, el expresidente del banco pidió «deslindar posibles actuaciones individuales de carácter irregular, de la actuación del banco en su conjunto», a la que tachaba de «intachable» y con un «cumplimiento por encima de lo exigible en materia de gobierno corporativo». Además, recordaba que fue él quien «impulsó» la investigación interna para aclarar lo sucedido a partir de 2004. Además, junto a quien fue presidente de BBVA entre 2000 y 2018, también ha pedido la imputación de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró ‘Senior Advisor to the Chairman’. En los años objeto de las pesquisas fue responsable del BBVA en España y Portugal y responsable de Corporate&Investment, sucesivamente.