Diario de León

El impuesto a las energéticas recaudará 400 millones menos de lo previsto

Hacienda confirma que tras las enmiendas el nuevo tributo aportará un 10% menos

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El Ministerio de Hacienda calcula un recorte de unos 400 millones de euros en la previsión de ingresos para 2023 y 2024 por el nuevo impuesto a las empresas energéticas respecto a lo inicialmente previsto, tras la incorporación de enmiendas a la proposición de ley en la tramitación parlamentaria de PNV y PDeCAT y por la adaptación de la resolución que emitió la Comisión Europea una vez ya se había iniciado el trámite.

Tras la aprobación en el Congreso de la proposición de ley que incluye los impuestos a las energéticas, la banca y grandes fortunas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó este viernes en una entrevista en la radio que esos 400 millones suponen un ajuste de en torno a un 10%, respecto a los 4.000 millones que en principio el Ejecutivo preveía que iba a recaudar en 2023 y 2024. Así, la recaudación total en dos años por este nuevo tributo temporal sería de 3.600 millones.

Sospechas

Montero explicó que haber incluido las enmiendas de PNV y PDeCAT —que excluye del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y supone la aplicación solo a la actividad que las empresas desarrollen en España— «no es un triunfo del lobby» de las energéticas. «Creo que no somos sospechosos justamente de tener que sucumbir a ningún tipo de lobby», destacó la titular de Hacienda. La proposición de ley en la que se incluye este impuesto —y en la que también se incorpora el nuevo tributo temporal a la banca y grandes fortunas— fue respaldada por el Congreso al contar con el apoyo de 186 diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, CC, la CUP y BNG. Por el contrario, 152 diputados de la suma del PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias votaron en contra, y los 10 del PNV y PDeCAT se abstuvieron. En lo que se refiere al nuevo impuesto temporal a la banca, Montero remarcó que el Gobierno seguirá adelante con su aplicación, pese a las opiniones emitidas por diferentes organismos como el Banco Central Europeo (BCE).

La ministra recordó, eso sí, que «en ningún momento» ha sido recomendada la paralización de este nuevo tributo. «El BCE nunca dijo que el impuesto no se no se contemplara, sino que se debía tener alerta sobre los intereses de las entidades», dijo.

En este sentido, la ministra apuntó que «cada uno» tiene su tarea: en el caso del Gobierno es «proteger a la ciudadanía y a la mayoría social de este país» y en el caso del Banco Central Europeo es proteger a las entidades financieras.

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