Los promotores alertan de la caída de la inversión en vivienda nueva
Avisan de que en Barcelona, que destina el 30% del suelo a VPO, ya se nota la fuga a otras regiones
Grúas en un polígono en construcción en Pamplona. JESÚS DIGES
La remodelación del mercado inmobiliario en España se ha convertido en objetivo prioritario del Gobierno que, con la nueva Ley de Vivienda, pretende acabar con el serio déficit de vivienda social y protegida que desde hace años lastra a nuestro país frente a un mayor desarrollo en Europa. En total, y según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, este tipo de vivienda apenas supera el 2,5% de todo el mercado, cifra que se reduce al 1,6% si se considera solo el parque público de alquiler.
El Ejecutivo quiere acabar con esta situación y favorecer, de paso, los alquileres a precios asequibles. Y una de las medidas estrella para conseguirlo es la fijación de una reserva del 30% en las promociones de obra nueva para vivienda protegida.
La medida, en realidad, ya está establecida en la actual Ley del Suelo. Pero hay un matiz en la nueva norma que ha hecho saltar todas las alarmas entre promotores y grandes fondos que operan en el país: a partir de ahora, esa reserva del 30% también se aplicará sobre suelo urbanizado. Es decir, parcelas en las que ya existen permisos o que llegan de edificios antiguos que se tiren para rehabilitar y que antes no debían cumplir con este requisito.
Fuentes del sector coinciden en que, como finalmente será cada comunidad autónoma la que decidirá si aplica o no la norma, habrá un notable recorte en las inversiones de obra nueva y un trasvase de una región a otra, pudiendo generarse mayores tensiones en los precios que, al final, es precisamente lo que el Gobierno pretende evitar.
Máxima incertidumbre
«Con los detalles de la Ley sobre la mesa se ha disparado la incertidumbre sobre lo que va a pasar con el ‘stock’ de vivienda nueva. Los promotores, tanto internacionales como locales, empiezan a ver más riesgos para invertir».
Así lo considera Belén Fernández, directora general de Singularity, la línea de negocio de Altamira especializada en producto residencial de obra nueva. Advierte que la medida «descuadra los planes de negocio de los promotores y se pone en riesgo la inversión residencial».
Desde el sector coinciden en que la norma «nos deja completamente fuera de margen», en un momento en el que también deben enfrentarse a la subida de los precios del suelo y al incremento de los costes de construcción de los últimos tiempos.
Desde uno de los grandes fondos que opera en el país añaden que, como grandes propietarios «hacemos los números de la misma forma que un promotor local». Y las cuentas han dejado de cuadrar.
Los expertos recuerdan, además, que no sería extraño ver cómo el mercado nacional sufre lo que ya está ocurriendo en Barcelona, donde desde hace años existe una norma similar a la que dicta la nueva Ley de Vivienda. Según fuentes consultadas, más del 50% de los promotores han parado su inversión en Cataluña. Y más de un 30% la ha reducido.
Además, un 12% de ellos ha optado por trasladar sus nuevas promociones a otras comunidades.
La misma visión comparten los expertos de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), que apuntan a que la medida provocará «una reducción de la inversión y un claro efecto de expulsión tanto nacional como extranjera, desplazándose estas entre comunidades autónomas en función de si aplican o no la norma e incluso abandonando el país en función de lo afectada que pueda verse la seguridad jurídica en el texto definitivo de la ley».
Para Pedro Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) la obligación de reservar el 30% de las nuevas promociones a viviendas de protección oficinal va a crear dos problemas.
El primero, que los fondos de inversión, a los que considera motor imprescindible para la buena marcha del sector, van a ver cómo el mercado está intervenido.
«Es decir, en la ficha que van a recibir cuando estudien la situación del mercado en España, estará la marca de ‘intervención’, porque serán conscientes de que tienen una serie de limitaciones. Entre otras, esta reserva a vivienda protegida», advierte.
El presidente de la patronal añade que los propios promotores, especialmente los de menor tamaño, verán ralentizadas sus ventas «e incluso en muchos casos imposibilitadas». E insite: reservar una buena parte del suelo de las promociones de obra nueva a vivienda protegida obligará a que en determinadas zonas se tengan que subir los precios de la vivienda libre para compensar esa limitación.