El ‘superfondo de pensiones’ recupera exoneraciones sociales a las empresas

Paso al frente del Gobierno para impulsar el ahorro privado para la jubilación en España. El consejo de ministros dio ayer luz verde al proyecto de ley para la creación de los fondos de pensiones de promoción pública y los planes simplificados con los que el Ejecutivo aspira a que los 1,9 millones de partícipes que actualmente cuentan con un plan de pensiones de empresa se conviertan en diez millones en la próxima década. Un objetivo demasiado exigente para muchos y que pondrá especial atención a los autónomos, que a partir de ahora se podrán deducir hasta 5.750 euros por sus aportaciones bajo el nuevo sistema.

El texto, que ahora debe pasar al debate parlamentario, presenta finalmente importantes modificaciones respecto a la propuesta inicial realizada por el Ejecutivo.

Tras meses de negociaciones con los agentes sociales, el ministerio de José Luis Escrivá ha reculado para recuperar las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social que existían hasta 2013. Pero ahora con un límite de 115 euros mensuales por trabajador (1.380 euros al año). Algo que, según cálculos del Ministerio, implicará un ahorro real de unos 400 euros al año por asalariado (33 euros por mes y trabajador). En la anterior propuesta, esos 155 euros apenas alcanzaban los 80 euros.

Así que la mejora de la norma, que debe estar aprobada antes de junio de 2022 según lo comprometido con Bruselas, es notable. Pero no lo suficiente para la Ceoe. Ni para los sindicatos ni para las principales patronales del sector financiero. Todos ellos echan de menos bonificaciones más generosas, como las deducciones de hasta el 10% en el impuesto de Sociedades que existía hace una década.

NO HAY NADA CERRADO

Fuentes consultadas reconocen que Escrivá se ha mostrado abierto a esta posibilidad, aunque el rechazo de Hacienda habría impedido incluir la medida en el texto. Por eso, no se descarta que la propuesta vuelva a coger impulso durante la tramitación parlamentaria. Sería una forma de ‘contentar’ a los empresarios, que siguen viendo las medidas insuficientes en un entorno en el que deben hacer frente al coste que supondrán otros planes como la subida del salario mínimo o el mecanismo de equidad intergeneracional, que se traduce en un alza del 0,6% en las cotizaciones sociales.

La patronal de los seguros Unespa también advierte que «los importes que resultan de la fórmula propuesta en el proyecto de ley son deducciones de la base de cotización, por lo que su efecto en los costes salariales es mucho menor».

Y ante estas reticencias, el ministro José Luis Escrivá volvió a defender ayer que el proyecto recoge «todas las aportaciones de los agentes sociales».

«Hemos acomodado prácticamente todo lo que nos han planteado», insistió durante su intervención en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

Desde el Ministerio de Seguridad Social recuerdan, además, los incentivos ya aprobados sobre la base imponible del IRPF para aquellos que aporten a planes de pensiones, con límites de 1.500 euros en los del sistema individual (desde los 2.000 del pasado año) y de 10.000 euros en los de empleo.

De hecho, la nueva norma permitirá que el trabajador aporte al vehículo más que la propia empresa, teniendo en cuento una serie de coeficientes establecidos. Por ejemplo, si el empresario pone menos de 500 euros, el trabajador podrá aportar hasta 2,5 veces esa cifra. Entre 1.001 y 1.500 euros, el coeficiente es del 1,5, con un tope de 2.250 euros para trabajador. Y si el empresario aporta más de 1.500 euros, el trabajador sólo podrá igualar esa cantidad.

ALGUNOS CAMBIOS NO ESCRITOS

«La intención es continuar con el proceso de traslación de los beneficios fiscales a las rentas medias y bajas», indican desde el Ministerio de Seguridad Social.

Fuentes del departamento confirman también que, aunque el proyecto de ley no lo plasma, la idea es que en su desarrollo reglamentario la norma incluya finalmente la comisión mínima del 0,3% para estos productos, pese a la oposición de las gestoras en el pasado.

Sin embargo, habrá que esperar para confirmar cómo se plasma ese coste, pues desde el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos reconocen que la puesta en marcha de los nuevos planes exigirá una tramitación formal «que llevará su tiempo», incluyendo el desarrollo de la plataforma digital que moverá todo el sector y que el Gobierno no descarta financiar con dinero de los fondos europeos.