Los acusados presentan el juicio como una «causa general» al independentismo

El juicio del «procés» arrancó ayer en el Supremo con duras críticas de las defensas de los acusados al tribunal, al que reprochan «falta de imparcialidad», la vulneración sistemática de derechos fundamentales y abrir una «causa general» contra el independentismo «desde el lado oscuro del derecho penal». Una primera jornada monopolizada por la exposición de las cuestiones previas, más políticas que jurídicas, de las 12 defensas y que ha dejado la fotografía histórica de la mitad de un gobierno autonómico sentado en el banquillo de los acusados, junto a la que fue la más alta representante del Parlament y los dos líderes sociales más importantes del soberanismo.

Todo ello bajo la atenta mirada del president, Quim Torra, protagonista de la imagen del día con una importante carga política cuando desde la primera fila del público ha saludado con la mano a los acusados. Todos ellos se han girado en ese momento salvo Santi Vila, Carles Mundó y Oriol Junqueras, que no han apartado la mirada del frente.

La Fiscalía pide para los acusados penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia por el proceso que culminó con el referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión al acusar por sedición. Vox, acusación popular, pide condenas de 24 a 74 años.

A todos ellos se les ha visto tranquilos, con documentos en la mano y atentos a las intervenciones. Su protesta política ha quedado reducida a las insignias institucionales de la Generalitat que portaban algunos y tan solo se ha visto un lazo amarillo en la solapa de la chaqueta de Jordi Sànchez, que también lucían Torra y los consellers Esther Capella y Damiá Calvet.

En la primera sesión del juicio les tocaba hablar a sus abogados, quienes desde el primer minuto han cargado contra el tribunal con alegatos a favor del independentismo y del derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Pero también con continuas alusiones a jurisprudencia y decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dejando claro que será allí donde se cierre este procedimiento judicial, al que se han referido como una «causa general» contra el independentismo escenificada en un «juicio excepcional y político» que supone «una derrota colectiva de la sociedad española».

Casi unánimes han sido las críticas a la «falta de imparcialidad» de los magistrados del tribunal a quienes han pedido que «hagan de jueces y no de salvadores de la patria» pues están para juzgar y no para defender la unidad de España.

Lo han hecho tras acusarles de violar sistemáticamente los derechos fundamentales de los acusados a través de «una campaña de criminalización pública constante» que «ha descabezado al independentismo» cuando «lo que impide criminalizar la disidencia es la Constitución». A juicio del letrado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, se han vulnerado «todos» los derechos de la Constitución.

También las defensas han reiterado peticiones ya formuladas. «Sería bueno» escuchar como testigo al rey Felipe VI y al expresident Carles Puigdemont, cuya sombra ha planeado en la Sala cuando la defensa de Carme Forcadell ha criticado que haya «personas a las que no se persigue» cuando «otras llevan más un año en prisión».

Y mientras esto sucedía, el expresident ha pedido a los acusados que se sientan en el banquillo que «sean fuertes» y estén «orgullosos» del 1-O. Lo ha hecho desde Berlín donde asiste al festival de cine de la Berlinale mientras sigue huido, un ingrediente más que añadir al ambiente de expectación que ha rodeado el primer día de juicio desde primera hora de la mañana.

Ya antes del amanecer, decenas de ciudadanos aguardaban pacientemente en cola para asistir de público al juicio, mientras poco a poco iban llegando varios líderes de partidos y entidades soberanistas para arropar a los acusados. Entre ellos, Torra, su vicepresidente, Pere Aragonès, y el presidente del Parlament, Roger Torrent. Tras posar junto a familiares de los presos con una pancarta que rezaba «Decidir no es delito», Torra ha llegado al Supremo, donde ha sido saludado por su presidente, Carlos Lesmes, en un encuentro que fuentes del Govern han tildado de «frío» y «estrictamente protocolario».

Pese a que la intención era que no hubiese concentraciones de ningún tipo en los alrededores del conocido como Convento de las Salesas (sede del Supremo), durante la jornada se han podido oír desde su interior las consignas de alrededor de un centenar de funcionarios de prisiones que se han manifestado frente al edificio.

Hoy miércoles le tocará el turno a las tres acusaciones y no sería extraño que llegase a declarar Junqueras, quien, junto a los otros ocho presos, serán trasladados a primera hora desde las cárceles de Soto del Real y Alcalá Meco a la Audiencia Nacional y después al Supremo, donde aguardarán en una sala habilitada para ellos la segunda jornada del que muchos califican de juicio histórico.

Torra: «Es una venganza»

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, cargó con la máxima contundencia contra el juicio que empezó en el Tribunal Supremo, que calificó de «ataque» a la democracia y de «venganza» orquestada por el Estado contra el independentismo por poner en marcha el proceso de secesión. «Es la venganza contra un pueblo que defendió las urnas contra las porras, que decidió decidir y que puso su cuerpo para defenderlo», aseguró. Un juicio político que es «farsa» que deja al «desnudo» al Estado español, según el líder nacionalista, que asistió in situ a la primera jornada de la vista en el Supremo desde la bancada del público. En principio, tiene previsto regresar cuando declaren la expresidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, y los ‘Jordis’, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Torra cree que los presos han sido sometidos a una lista interminables de vulneraciones. Por ello, exigió el archivo de la causa judicial y la puesta en libertad inmediata de los nueve acusados que están en prisión para que puedan defenderse con garantías. Y advirtió de que la causa se resolverá en Estrasburgo. «Esta causa llegará a los tribunales europeos e internacionales».