El fiscal pide embargar la tienda que un etarra tiene al lado de su víctima

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que embargue los bienes de Kandido Aspiazu Beristain, el etarra que en 1980 asesinó a tiros en Azkoitia (Guipúzcoa) al militante de UCD Ramón Baglietto y que en 2005, con su condena cumplida, abrió una cristalería en el bajo del inmueble en el que tiene su domicilio desde hace décadas la viuda del asesinado, Pilar Elías, que es desde hace años concejal del PP en este ayuntamiento guipuzcoano y está amenazada por ETA, motivo por el que lleva escolta. La reclamación de la Fiscalía, que debe resolver en los próximos días la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, podría fijar un precedente a la hora de reclamar a numerosos ex etarras en libertad las indemnizaciones a que fueron condenados por sus crímenes y que nunca pagaron a los herederos de sus víctimas por declararse insolventes, según comentaron fuentes judiciales. El Ministerio Público responde así a las peticiones expresas realizadas por el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, y por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ambos reclamaron, especialmente indignados con el caso de Azpiazu, que las sentencias contra los etarras incluyan una pena de alejamiento del lugar de residencia de sus víctimas y que el Estado les reclame el pago de las indemnizaciones correspondientes a su salida de prisión. El primer paso La primera de las reclamaciones se concretó la semana pasada, cuando la Audiencia Nacional, por primera vez, condenó a uno de los asesinos de Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díez a permanecer alejado de las familias de sus víctimas y de sus domicilios durante cinco años a contar desde el momento en que salga de prisión. Azpiazu fue condenado el 21 de noviembre de 1981 a 49 años y dos meses de cárcel por el asesinato de Baglietto y se le exigió el pago de 12 millones de pesetas a la viuda de la víctima y a sus dos hijos. El etarra salió de la cárcel en 1995, en libertad condicional, después de haber cumplido 15 años de pena real y de haber redimido una parte importante de la condena por buen comportamiento y trabajo en prisión. El condenado nunca pagó indemnización alguna a la familia de la víctima porque se declaró insolvente. La Fiscalía, en la reclamación presentada el pasado 5 de diciembre, pide a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que oficie al Registro de la Propiedad para que informe de si Kandido Azpiazu es el dueño del local comercial situado bajo el número 14 de la calle Ibaiondo de Azkoitia -la vivienda de Pilar Elías- o si esta persona posee alguna otra propiedad.