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La Fiscalía archiva la causa contra Aragonés por injurias a la Corona

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación que abrió el lunes respecto del vicepresidente catalán y coordinador de ERC, Pere Aragonès; la portavoz de BNG, Ana Pontón; y la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, por injurias a la Corona.

El Ministerio Público considera que las afirmaciones que los tres dirigentes profirieron sobre Juan Carlos I tras su marcha de España, entran en el terreno de la crítica y están amparadas por la libertad de expresión.

La asociación monárquica llevó a la Fiscalía expresiones como «los Borbones son una organización criminal» o «la Monarquía sólo puede ser corrupta por definición», pronunciadas el pasado 18 de julio por el vicepresidente de la Generalitat ante la visita de los Reyes a Cataluña dentro de su gira autonómica. Aragonès subrayó también que es necesario «hacer caer este régimen» y avanzar «hacia la República catalana».

Por su parte, la presidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, afirmó el pasado 10 de julio que «la Monarquía es corrupta hasta el tuétano». Poco antes, había llamado a Felipe VI y su padre «ladrón». En el caso de la dirigente gallega, dijo que «no vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción» o «no hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real».

ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En su escrito, la Fiscalía se centra para incoar las diligencias en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Constitucional en la que se impone una especial protección a la libertad de expresión.

El tribunal europeo ya explicó en una sentencia que la crítica política, incluso hiriente y ofensiva del Rey y del sistema monárquico, está «amparada» en este derecho universal, «siempre que se efectué dentro de los límites del respeto de su reputación como persona, sin cuestionar la vida privada del monarca y sin que supongan un ataque gratuito a su persona como tal y no como jefe del Estado». En la misma línea, el tribunal de garantías ya determinó que el monarca «no es inmune a la crítica».

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