Diario de León

EL ESTADO DE LA CORRUPCIÓN

La Fiscalía pide prisión para Oleguer Pujol pero el juez lo deja en libertad

De la Mata recuerda al fiscal que, aunque el acusado no haya colaborado, no hay indicios «nuevos».

Oleguer Pujol, a la derecha, abandona la Audiencia Nacional. L. P.

Oleguer Pujol, a la derecha, abandona la Audiencia Nacional. L. P.

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m. balín | madrid

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dejó ayer en libertad provisional a Oleguer Pujol Ferrusola, hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, después de que compareciera como investigado durante cuatro horas. El magistrado que investiga el origen de la fortuna y los negocios familiares no secundó la petición de prisión provisional sin fianza de la Fiscalía Anticorrupción, que argumentó que el acusado ha seguido delinquiendo con la investigación en marcha y mientras sus cuentas estaban bloqueadas.

Pese a decretar libertad provisional, el juez impuso a Oleguer Pujol las siguientes medidas cautelares: comparecencias quincenales ante el juzgado más próximo a su domicilio, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional. El incumplimiento de alguna de ellas supondría la revocación de su situación de libertad provisional.

En un auto de 14 páginas, el titular del Juzgado Central de Instrucción cinco explicó que no existe riesgo de fuga y destacó que Oleguer Pujol tiene arraigo «notorio» en España, donde vive su familia y tiene relaciones profesionales. Asimismo, tampoco consta que haya faltado a llamamientos judiciales ni indicios de que pueda hacerlo en el futuro.

Anticorrupción había solicitado de forma previa el ingreso en prisión preventiva del acusado, a quien se le imputa indiciariamente un delito de blanqueo de capitales por los 2,5 millones de euros percibidos por su mediación en la operación de compra-venta de 1.152 sucursales del Banco Santander en 2007 por unos 2.300 millones. Lo hizo en representación de la sociedad limitada Samos Servicios y Gestiones SLU.

Según los fiscales del caso, Belén Suárez y José Grinda, transfirió los 2,5 millones a una cuenta en Miami en diciembre de 2015 a pesar de que desde marzo de ese año ya tenía sus cuentas bloqueadas. Por este motivo, consideraron que incluso sabiéndose bajo investigación judicial siguió realizando actos opacos y ocultando dinero a la Justicia.

El abogado de Oleguer Pujol admitió que ingresó ese dinero en un banco de Miami porque ningún banco español -se mencionó La Caixa, según fuentes jurídicas- se lo aceptó al tener bloqueadas las cuentas. Sin embargo, luego lo volvió a repatriar para invertirlo en Bonos del Tesoro, un argumento que no convenció a los fiscales. Éstos también sospecharon de otra operación de 2013 -a su hermano Jordi Pujol Ferrusola se le empezó a investigar a principios de ese año- al traspasar dinero a una sociedad panameña, Aegle, junto su exsocio Luis Iglesias.

El fiscal Grinda también destacó que, a pesar de que Oleguer Pujol realizó dos regularizaciones de fondos opacos depositados en el extranjero en 2012 (amnistía fiscal del Gobierno) y 2013, no incluyó en ellas su parte del dinero procedente de su abuelo fallecido y que se encontraba oculto en una cuenta de Andorra. Precisamente, éste fue el origen de la causa que afecta a casi todos los miembros de la familia, incluido el expresidente Pujol y su mujer Marta Ferrusola. Así, no fue hasta 2014, tras estallar el escándalo de la herencia, cuando incluyó esa cantidad, que superaba los 100 millones de pesetas, en una declaración complementaria. «Tuvo dos ocasiones anteriores para regularizar y no lo hizo de forma completa», justificó Grinda.

Sin embargo, el juez recordó a los representantes del Ministerio Público que en los dos años y medio de instrucción no se han producido «elementos nuevos» que permitan afirmar que existe un peligro fundado y concreto de destrucción de pruebas o de capacidad de influir en otros acusados o testigos.

Y sobre la reiteración delictiva, el juez admitió que la actitud de Oleguer Pujol y su familia «ha consistido en no colaborar, ocultando todos los datos relativos a los productos en que invirtieron sus recursos, si bien entiende que esa conducta, por incómoda que resulte, es legítima en el curso de una investigación y no puede justificar por sí la prisión provisional». Contra la decisión del juez cabe recurso ante la Sala Penal.

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