miércoles 22/9/21

La Generalitat afronta su primera querella por el aval a los encausados del ‘procés’

Cs sostiene que su denuncia por malversación seguirá aunque el Tribunal de Cuentas rechace el respaldo
Imagen de Carlos Carrizosa tras presentar la querella. QUIQUE GARCÍA

La causa del Tribunal de Cuentas contra los líderes del ‘procés’, entre ellos Mas, Puigdemont y Junqueras, se complica aún más. El organismo fiscalizador aún no ha admitido ni rechazado la fórmula elegida por el Govern catalán para hacer frente a las fianzas impuestas contra los 34 encausados, y el Gobierno catalán ya tiene encima de la mesa su primera querella criminal.

El día después de que el Instituto Catalán de finanzas formalizara los avales con dinero público para los 34 investigados, Ciudadanos presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña contra los integrantes de la junta de gobierno del ICF y contra los miembros de la Generalitat. La querella es por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asumió el cargo hace justo dos meses. Estaba llamado a liderar el aterrizaje del independentismo, pero de momento su ejecutivo ya tiene una querella criminal presentada ante la Fiscalía. Tras los indultos y a las puertas de que se reanude el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, la fianza de 5,4 millones del organismo fiscalizador se ha convertido en el principal punto de fricción entre el ‘Govern’ y las instituciones del Estado.

Ciudadanos acusa al Gobierno autonómico de haber aprobado el decreto ley según el cual creó el fondo complementario de riesgos para avalar la fianza de los encausados independentistas «a sabiendas de su manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad». La formación naranja considera que hay fraude de ley. Y entiende que se «pretende garantizar la impunidad» de los investigados con un nuevo «gasto ilegal».

Cs ya reclamó a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que pida la nulidad del aval del Govern, pero avisa de que aunque el organismo fiscalizador no acepte la fianza a través del ICF, la querella presentada seguirá adelante pues a su entender el «perjuicio patrimonial» de la administración ya se ha producido.

El ICF, según Ciudadanos, comete una «ilegalidad absoluta» y un «desprecio de sus funciones» que no son otras que conceder créditos a las empresas.

La formación naranja apunta directamente contra el presidente del ICO catalán, Albert Castellanos, de ERC, al que acusa de actuar al dictado de Oriol Junqueras, que es uno de los 34 investigados. «Junqueras ha puesto (en el ICF) a uno de sus subordinados para que le dé el dinero», denuncian.

Dudas internas

En la votación de la junta del ICF, Castellanos, con su voto de calidad como presidente, deshizo el empate que se había dado sobre si se seguía adelante con el aval. Existían dudas en el Govern sobre la fórmula, pues el propio consejero de Economía ya expresó sus dudas legales al respecto y dijo que no pondría en riesgo a sus funcionarios. También había reticencias en el seno de la entidad pública de crédito, sobre todo, entre los miembros independientes, de perfil técnico.

Los tres independientes votaron en contra de avalar con dinero público a los 34 encausados, frente a los otros tres miembros, elegidos por los independentistas. El consejero delegado se abstuvo y decidió el voto de Castellanos, el presidente, un dirigente de ERC que ya estuvo a las órdenes de Junqueras en la Consejería de Economía durante 2017.

La división en el ICF ya denota que todos en esta partida tienen claro que se mueven en terreno muy inestable. Las tensiones entre ERC y Junts han vuelto a cuenta de este asunto y las presiones de los más radicales van a más para que no levanten el pie y no dejen de acudir al rescate de los 34 encausados.

Con la querella de Ciudadanos aún reciente, el Tribunal de Cuentas analizará este lunes toda la documentación recabada y tendrá que decidir si acepta el aval impulsado por el Govern o lo tumba, como así puede acabar pasando, según fuentes jurídicas consultadas, que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar este tipo de pagos.

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