domingo 29/11/20

El Gobierno descarta trasladar desde Canarias a la península a los migrantes

El Ejecutivo trata de impedir que las islas se conviertan en el nuevo Lesbos o Lampedusa
Grande-Marlaska saluda en Rabat a su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit. JAVIER OTAZU
Grande-Marlaska saluda en Rabat a su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit. JAVIER OTAZU

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descarta tajantemente la posibilidad de trasladar inmigrantes desde Canarias a la Península, como habían solicitado las autoridades insulares y también sus socios de Unidas Podemos. Desde su departamento se argumenta que ese movimiento podría favorecer el «efecto llamada», cuando el objetivo es «evitar vías de entrada irregular a Europa» y no sería visto con buenos ojos por la Unión Europea.

Así que, por el momento, el Gobierno optará por las soluciones tradicionales en este tipo de situaciones: ampliar las plazas de acogida temporal y negociar con Marruecos —país que visitó ayer Grande-Marlaska— el refuerzo de controles en la costa atlántica.

Al Ejecutivo le urge paliar una crisis migratoria que lleva camino de convertirse en un polvorín político y social, y que se está dejando notar con especial crudeza en el puerto de la localidad de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, donde 1.300 inmigrantes se encuentran hacinados en condiciones precarias (en las últimas semanas su número llegó a superar los 2.000 en un dique de 3.600 metros cuadrados).

La principal medida, propuesta desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, consistirá en levantar carpas repartidas entre Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura que acogerán a a 7.000 inmigrantes. Con esto prevén aliviar la presión sobre Arguineguín y los 17 establecimientos hoteleros que en los que actualmente se encuentran 5.500 personas en situación irregular.

El ministro José Luis Escrivá visitó ayer Las Palmas de Gran Canaria junto al titular de Transportes, José Luis Ábalos, para presentar dicho plan, que se desarrollará en dos fases: una de emergencia, en la que primará la ampliación del número de plazas (el año pasado las islas contaban con solo cien) y otra de estabilización, en la que se mejorarán dichas instalaciones.

Según avanzó Escrivá, la mayoría de estos migrantes no son candidatos a entrar dentro del sistema de acogida, por lo que «son expulsables». La decisión, se ha escudado, obedece a los criterios comunitarios dictados desde Bruselas porque la política de traslados «afecta a toda la Unión Europea».

Pero esta estrategia sigue sin convencer a las autoridades canarias y el presidente autonómico, Angel Víctor Torres, se niega que las islas acojan al cien por cien de los inmigrantes. Su principal temor es que todo el archipiélago pueda llegar a convertirse en un nuevo Lesbos (Grecia) o Lampedusa (Italia), que ya sirvieron como escudo del continente europeo frente a los flujos migratorios tradicionales y de refugiados en el Mediterráneo.

La Comunidad Valenciana, Navarra, Extremadura, País Vasco y Castilla y León, además del Ayuntamiento de Barcelona, ya han ofrecido plazas al Ministerio para su sistema de acogida. Una oferta rechazada de plano por Interior, salvo en los casos de personas vulnerables o merecedoras de protección internacional.

Paralelamente, Grande-Marlaska, durante su visita a Rabat, pidió a su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, un mayor control de su costa atlántica y que se reanuden las repatriaciones de inmigrantes para frenar su llegada a las costas canarias.

Según el último informe sobre migración del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de este año han desembarcado en el archipiélago 553 embarcaciones con 16.760 personas a bordo, un 1.019,6% más que en el mismo periodo de 2019 (cuando el número ascendió a 1.497).

La titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, visitará el próximo lunes Argelia para intentar alcanzar compromisos similares a los buscados por Grande-Marlaska en Rabat

En el Consejo de Ministros, entretanto, el debate sobre la respuesta a la crisis es cada vez más acalorado y ya hay voces que reconocen errores en la gestión. La titular de Defensa, la leonesa Margarita Robles, señaló ayer que el Gobierno «tiene que hacer autocrítica» por la situación en la que se encuentran los miles de inmigrantes instalados en Arguineguín, cuyas condiciones «no eran las adecuadas para seres humanos», reconoció en una entrevista en TVE.

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