El Gobierno respira tras el archivo de la causa por las manifestaciones del 8-M

El Gobierno esperaba que la juez archivara la causa del 8-M, pero había nervios por la polvareda política que había levantado un caso convertido en ariete de la oposición contra la gestión gubernamental de pandemia. En la Moncloa respiraron, aunque la última palabra no está dicha porque los denunciantes recurrirán la decisión. El PP tampoco va a arrojar la toalla y va a exigir al Gobierno que asuma «sus responsabilidades políticas» por permitir las manifestaciones feministas a pesar, según su tesis, de que conocía los riesgos epidemiológicos que conllevaban las concentraciones multitudinarias.

«No teníamos ninguna duda de que esa causa se iba a archivar», apuntó hoy la ministra de Defensa y exmagistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles. Pero la certeza jurídica no iba a acompañada de la tranquilidad política.

En el Gobierno se había extendido la inquietud al comprobar que lo que consideraba un asunto menor se había convertido en un argumento para una ofensiva en toda regla del PP y Vox amparada por la decisión de la juez de seguir con la instrucción y rechazar las peticiones de archivo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. El caso, de rebote, había desatado un incendio en el Ministerio del Interior tras la decisión de Fernando Grande-Marlaska de destituir al jefe de la Guardia Civil en Madrid Coronel Diego Pérez de los Cobos, por no informarle de que sus agentes participaban en la investigación judicial.

Una medida que enfrentó a buena parte del alto mando del cuerpo con Interior, en una crisis solo equiparable a la abierta por las tropelías de Luis Roldán hace 27 años. Todo ello se trasformó en un arsenal para el PP y Vox, que denunciaron «la injerencia» del Gobierno en la acción de la justicia, exigieron la dimisión del ministro e hicieron suyas las denuncias de negligencia «criminal» del Ejecutivo.

Pero la juez resolvió ayer que «no hay indicios suficientes de actuar delictivo» en la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al permitir las marchas. Rodríguez-Medel llegó a esta conclusión tras tres meses de investigación y 3.000 folios de informes.

La mejor expresión del alivio gubernamental fue la reacción de un ministro tan comedido como Salvador Illa. El titular de Sanidad, además de «no valorar decisiones judiciales», señaló que la decisión de la juez es la mejor evidencia de que «el Gobierno lo ha hado todo, lo que tenía y lo que no tenía, para derrotar el virus». Más explosiva se mostró la ministra de Igualdad, Irene Montero, que celebró que la juez haya «tumbado» la estrategia de «la derecha y su trumpismo del malo» contra el feminismo.

Responsabilidad

El Partido Popular acató la resolución, mas no por ello, avisó su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, va a renunciar a «exigir responsabilidades políticas» al Gobierno.

Porque, insistió, el Ejecutivo tenía información sobre los riesgos sanitarios de autorizar las manifestaciones. Tesis a la que se adhirió Vox.

La instructora señala en su auto de archivo de 51 páginas que no hay indicios de que Franco prevaricara porque «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones».

Tampoco «recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular» y «ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera» las concentraciones ese día.

Rodríguez-Medel también apunta al escaso valor de los informes de la Guardia Civil, «no ha quedado indiciariamente acreditado» que Franco presionara para impedir otras manifestaciones y no las del 8-M, y el del forense porque «no puede acreditarse la relación causa-efecto» entre asistir a las marchas y haberse contagiado.