La mayoría conservadora copa los cargos claves de la judicatura

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) utilizó el rodillo de su mayoría absoluta (diez vocales de diecinueve, más el presidente de la institución) y colocó a sus candidatos en doce de las catorce jefaturas de los principales tribunales españoles renovadas ayer. Los once vocales propuestos por el PP, a los que se sumó Francisco Hernando, colocaron a sus candidatos al frente de dos salas del Tribunal Supremo (Penal y Contencioso), de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de dos tribunales superiores de justicia (Cataluña y Murcia), de dos audiencias provinciales (Valencia y Jaén), como magistrados en dos salas del Supremo y como magistrados de otras dos salas del tribunal superior de justicia de Galicia. Los candidatos propuestos por la minoría progresista sólo lograron dos plazas de magistrado en el Supremo, la de Margarita Robles -tercera mujer que accede al alto tribunal- y Francisco Javier Sánchez-Pego, un 14 por ciento de las que ayer se cubrieron. Por su parte, los conservadores designaron a Ramón Trillo presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, frente a Fernando Ledesma, ex presidente del Consejo de Estado, ex ministro de Justicia y jurista de gran prestigio. La otra designación más polémica fue la de la presidencia del tribunal superior de Cataluña, que recayó en la conservadora Eugenia Alegret, que será la primera mujer que ocupe este cargo en los tribunales regionales. El vicepresidente del CGPJ y portavoz de los vocales progresistas, Fernando Salinas, rodeado por los otros seis vocales afines, valoró con dureza la actuación de la mayoría y dijo que «quiero denunciar la sectaria política de nombramientos» de los conservadores, con la que considera que «han desnaturalizado la labor del CGPJ», que debe cubrir las plazas de los altos tribunales con proporcionalidad y de acuerdo no a criterios partidistas sino de «mérito y capacidad». Salinas considera que «no se puede consentir que diez vocales y el presidente, que pese a ser elegido por consenso vota siempre con los conservadores, decidan todos los nombramientos del consejo». Baltasar Garzón aspiraba ayer a la plaza de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que finalmente fue otorgada al magistrado conservador Javier Gómez Bermúdez, por 11 votos contra 8. El designado es magistrado sustituto de esa misma sala, que lleva en ella 10 años menos que Garzón. El vicepresidente del CGPJ dijo que están convencidos de que el motivo del veto a Garzón es la carta abierta que el año pasado le dirigió a José María Aznar, para criticar con dureza su apoyo a la invasión de Irak.