martes 17/5/22

El plan Marlaska para retener a los guardias civiles en Cataluña

Quiere impedir la estampida de agentes acosados por los ‘indepes’, narcos y el precio de los pisos
                      El ministro Fernando Grande-Marlaska en un acto de la Guardia Civil. JAVIER LIZÓN
El ministro Fernando Grande-Marlaska en un acto de la Guardia Civil. JAVIER LIZÓN

Las diferencias entre unas situaciones y las otras son abismales, pero las recetas para tratar de evitar la estampida son parecidas.

El Ministerio del Interior se está inspirando en el denominado Zocon, el ‘Complemento de Zona Conflictiva’ que el Gobierno paga desde 1980 a policías nacionales y guardias civiles destinados en el País Vasco y Navarra, para intentar incentivar la llegada y, sobre todo, la permanencia de agentes de la Benemérita en las zonas más aborrecidas actualmente como destino profesional: Cataluña, por el acoso de los independentistas, y el Campo de Gibraltar, por la presión de los narcos.

El propio Fernando Grande-Marlaska en las últimas semanas se ha comprometido ante los representantes de los principales colectivos profesionales a aprobar este 2022 un marco normativo que permita la declaración de ‘Zonas de Especial Singularidad’ (ZES).

La creación de estas áreas es una reivindicación en el cuerpo desde 2017, tal y como recuerda Pedro Carmona, el portavoz nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), el colectivo que por primera vez, durante el procés catalán, reclamó un plan similar, que no igual, al de los años duros de ETA, después de «el independentismo más radical y parte de la clase política catalana pusiera a los guardias civiles y a sus familias, y particularmente a los niños, en su diana».

Según fuentes cercanas a la elaboración del proyecto, como en el Zocon la declaración de las ZES tendrá como eje principal un plus económico para los agentes que acepten ir a Cataluña o las zonas más azotadas por la criminalidad del Campo de Gibraltar, como La Línea.

En el Gobierno, por el momento, no creen que sea posible ampliar esas ZES a otro de los destinos menos deseado por los agentes, Baleares (en particular Ibiza y Menorca), por los altísimos precios de la vivienda. La cantidad que llevaran aparejados estos destinos está por determinar y a expensas de que los cálculos de Hacienda aclaren si se podrá llegar a los casi 700 euros brutos mensuales que los funcionarios de Interior cobran en concepto de peligrosidad en Euskadi y la Comunidad Foral.

Y es que el desembolso es importante: el plus para los agentes ‘del Norte’ supera los 43 millones de euros al año.

Pero no todo será dinero. Habrá más días libres y, como en el País Vasco y Navarra, los expertos de Interior también estudian dar puntos para el traslado a otras zonas a los guardias que elijan pasar por Cataluña o el Estrecho.

Sin embargo, el principal colectivo profesional del cuerpo, Jucil, no comparte del todo este último punto porque «en realidad lo que se promociona con este derecho preferente a elegir destino como pago a los servicios prestados es que zonas como Cataluña o el Campo de Gibraltar sean solo concebidas como lugares de paso o castigo. Y lo que nosotros queremos es que los agentes tengan suficientes incentivos para quedarse al menos una década», señala Agustín Leal secretario de comunicación de Jucil.

Este colectivo profesional ha reclamado al ministro que estas ZES lleven emparejadas ayudas para vivienda, de manera que los funcionarios puedan establecerse en lugares menos conflictivos, y, sobre todo en el caso de Cataluña, becas para que los hijos de uniformados de fuera de la comunidad puedan estudiar en colegios con enseñanza mayoritariamente en castellano.

La decisión de dar luz verde a los ZES, que se venía barruntando desde el pasado junio, ha sido polémica, ya que el equipo de Marlaska desde el principio no vio con buenos ojos declarar la «singularidad» de Cataluña o el Estrecho, ya que —explican— era tanto como reconocer que «había situaciones enquistadas, casi irresolubles». Pero las cifras han forzado finalmente a poner en marcha el proyecto.

Según revela Carmona, los datos de una encuesta interna de AUGC han destapado que el 30% de los cerca de 3.000 guardias destinados en Cataluña quiere marcharse.

De acuerdo con los datos de Jucil en el Campo de Gibraltar falta un 7,5% de la plantilla según el catálogo de puestos de trabajo que, en cualquier caso -explica Leal- «está muy por debajo de una zona desbordada de trabajo por el narcotráfico y las redes de inmigración ilegal».

El portavoz de Jucil sostiene que la situación en Cataluña es tan peliaguda que faltan cerca de 900 agentes, los que supone que el 21% de la plantilla está sin cubrir. AUGC, por su parte, en sus encuentros con los responsables de Interior, además de defender la declaración de ZES de Cataluña y el Campo de Gibraltar, ha defendido que el conjunto de la provincia de Cádiz y la Costa del Sol sean también consideradas zonas singulares, ya que considera que la presión social de los narcos y su entorno extiende sus tentáculos a estas demarcaciones.

El plan Marlaska para retener a los guardias civiles en Cataluña
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