El PSOE se pone en guardia con la reforma de la malversación ‘ad hoc’ para ERC

No es que los barones del PSOE salieran este miércoles en tromba a clamar contra la reforma del delito de malversación que Sánchez está dispuesto a acometer para satisfacer a Esquerra, según deslizó el martes durante la recepción ofrecida en el Congreso por el Día en la Constitución. A pesar de que en las últimas semanas varios de ellos habían trasladado ya su rechazo a adentrarse en un terreno que consideran excesivamente pantanoso, la mayoría optaron por el silencio. Pero solo el hecho de que uno de los que se decidió a hablar fuera el castellanoleonés Luis Tudanca y el otro el madrileño Juan Lobato da ya la pauta de lo que el asunto revuelve en el partido. Resulta difícil encontrar en la hemeroteca alguna declaración del líder de los socialistas de Castilla y León contraria a una decisión de Sánchez o su Gobierno. Podría decirse que, como el secretario general del PSM, se encuentra en el extremo opuesto a los presidentes de Aragón o Castilla-La Mancha, Javier Lambán o Emiliano García-Page. Sin embargo, sus palabras respecto a la polémica modificación del Código Penal no pudieron ser más claras: «No me parece un buen camino, espero que no se produzca», dijo. «Cualquier cosa que se toque —añadió— tiene que ser para endurecer los delitos y el castigo a algunas conductas que desprestigian la política».

El precedente del sí es sí

Los escrúpulos de Tudanca no se deben tanto al hecho de que se plantee una modificación legal ‘ad hoc’ para los independentistas que participaron en el ‘procés’. Lo que más le escama es que además, de rondón, puedan verse beneficiados condenados por su implicación en tramas como las protagonizadas por el PP que tuvo una incidencia especial en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Eso explica también las reacciones de Lobato o Ximo Puig. El presidente valenciano, que se distingue por haber respaldado desde el principio la supresión del delito de sedición como fórmula para rebajar la tensión política en Cataluña, advirtió el pasado viernes en una entrevista de los riesgos de hacer un retoque en un delito tan relacionado con la corrupción como el de la malversación. Sobre todo, subrayó, visto lo ocurrido con la ley del ‘solo sí es sí’, que en contra de lo que había previsto el Ejecutivo ha dado lugar a un aluvión de revisiones de penas a la baja para condenados por agresión sexual. «Es mejor dejar la malversación tal y como está —defendió—. Aquí no se vería razonable que a mitad de partido cambiara la norma».

En el entorno de Puig, igual que en federaciones como la extremeña, se muestran ahora prudentes hasta ver los términos en los que este viernes planteará efectivamente Esquerra la enmienda «quirúrgica» a través de la que pretende evitar que más de una treintena de excargos de segundo nivel de la Administración catalana aun pendientes de juicio vayan a la cárcel o que su líder, Oriol Junqueras, vea sustancialmente rebajada la inhabilitación de trece años a la que fue condenado por el Tribunal Supremo. No obstante, insisten: «Desde luego, hay que constatar que no tenga consecuencias jurídicas indeseables».

Como el propio Sánchez el martes, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, insistió este miércoles en TVE en que «suceda lo que suceda, no habrá ningún paso atrás en la lucha contra la corrupción». Pero la cuestión es que no existe una definición jurídica de qué es exactamente la corrupción y no todos en el PSOE parecen entenderla de la misma manera. Lobato, por ejemplo, advirtió de que destinar dinero público a financiar un referéndum ilegal y tratar de segregar un trozo de España debe ser merecedor de un duro castigo. «Con el dinero público cero bromas». Su postura dista de la defendida desde Moncloa o del planteamiento en el que también este miércoles incidió la ministra de Defensa y juez de profesión, Margarita Robles. Robles, que ya ha había hablado hace semanas de este asunto, insistió en que «el reproche penal no puede ser el mismo para el que se enriquece para sí que otras actuaciones que en ningún caso conllevan un enriquecimiento» y adujo que así era antes de la reforma del Código Penal impulsada por el PP en 2015, cuando se distinguía de forma clara entre el enriquecimiento propio o de terceros y otro tipo de conductas (es decir, la apropiación indebida y la administración desleal).