PSOE y UP desbloquean los presupuestos tras un acuerdo para intervenir el alquiler
Sánchez cerró en persona el pacto con sus socias Díaz y Belarra al aceptar lo que Bolaños rechazó la noche anterior
Sánchez, Moreno y Espadas degustan plátanos de Canarias en el I Foro Urbano de España y III Foro de Gobiernos locales de Sevilla. RAÚL CARO
Los socios del Gobierno cosieron ayer un acuerdo para los presupuestos de 2022 tras pactar una ley de vivienda con topes al alquiler, como exigían los morados. El proyecto se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario e incluye un recargo de hasta el 150% sobre el IBI que grava las viviendas vacías. Una solución que se queda a medio camino entre el tope del 75% que estaba dispuesto a aceptar el PSOE y el 200% por el que en un principio abogaba Podemos.
Este recargo lo decidirán los ayuntamientos y, según la propuesta inicial de la formación morada, se considerarían como ‘vacíos’ los inmuebles de uso residencial que permanezcan en ese estado durante al menos dos años, con una serie de excepciones. Por ejemplo, el traslado por razones laborales o de formación. En el caso de las segundas residencias, podrían estar vacías durante cuatro años sin que se les aplique el recargo.
Las posturas de PSOE y Unidas Podemos se mostraban alejadas —el mismo lunes los socialistas avisaban de que en un Gobierno se debate, pero no se hacen ultimátums— pero finalmente se ha logrado sellar un acuerdo en el tiempo prometido por Pedro Sánchez de finales de septiembre o inicios de octubre con su intervención personal aceptando ayer por la mañana lo que su ministro de Presidencia, Fálix Bolaños, había rechazado la noche anterior.
El objetivo que ahora tiene el Gobierno, en minoría, es recabar en el Congreso el respaldo suficiente para que las cuentas públicas estén aprobadas antes de fin de año. La fórmula que ha facilitado el consenso es el establecimiento de un tope en el precio del alquiler a los grandes poseedores de vivienda (los que posean más de diez) y dejar al margen por el momento a los pequeños propietarios.
Una posición a medio camino entre lo que quería Unidas Podemos sobre que el límite a las rentas llegase a todos los arrendadores y lo que deseaba el PSOE, contrario inicialmente a intervenir en los precios. La ley de vivienda se aprobará en el Consejo de Ministros en «las próximas semanas». Será la primera en democracia y tiene como objetivo «contener» e incluso «reducir» los precios del alquiler. Se ha pactado reservar el 30% de todas las promociones nuevas para viviendas protegidas. De esa cifra, la mitad se tendrá que destinar a viviendas de alquiler social.
El acuerdo de presupuestos incluye además un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, otra de las exigencias que han mantenido en la negociación los ministros morados, liderados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este tipo mínimo busca «adaptarse al consenso internacional», según explicó Bolaños.
El tipo mínimo de tributación para las empresas sigue la propuesta global del presidente estadounidense y hasta ahora los socialistas preferían llegar a un acuerdo internacional en la Cumbre de Roma del G-20 en octubre. Además, el proyecto para los presupuestos incorporará la segunda anualidad de fondos europeos por 25.000 millones e incluirá además un incremento del 2% en los salarios de los funcionarios. El Gobierno defendió que los presupuestos son «absolutamente imprescindibles» para alcanzar una recuperación «justa» tras los efectos negativos de la pandemia. Ambos socios han buscado tras el acuerdo normalizar la negociación de las últimas semanas, cuyas discrepancias han sido aireadas en público.