domingo 5/12/21

Sánchez deja en manos de la Justicia subir las horas lectivas de castellano en Cataluña

Casado reclama que se aplique el 155 de la Constitución si el Govern de Aragonès ignora la sentencia del TSJC
                      Pere Aragonés y Francine Armengol, ayer en Barcelona. CATI CLADERA
Pere Aragonés y Francine Armengol, ayer en Barcelona. CATI CLADERA

La resolución del Tribunal Supremo que confirma una sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, y que obliga a la Generalitat a impartir al menos el 25% de las clases en castellano, ha provocado una inesperada tormenta política. Tanto en la relaciones entre las instituciones de Cataluña y las del resto de España, siempre al límite cuando hay decisiones judiciales por medio, como entre el Gobierno central y la fuerzas de la oposición y sus aliados presupuestarios. El día después de que el Govern hiciera público que el Supremo ha inadmitido un recurso suyo contra un fallo del TSJC sobre el castellano en la escuela catalana y que por tanto esa sentencia pasa a ser firme, todas la mirada se dirigieron hacia el presidente del Gobierno. Pero de momento se ha puesto de perfil y no tiene intención de mover ficha.

El Ejecutivo central ha afirmado, a través de la ministra de Justicia, que la sentencia del TSJC «hay que ejecutarla» como todas las decisiones judiciales, «porque es firme». Sin embargo, la Moncloa no se siente interpelada y no pedirá a la justicia que inste al Govern a que el castellano se incorpore como lengua vehicular en un 25% en la enseñanza en los colegios públicos y concertados. No lo hará porque entiende que quien debe pedir su cumplimiento es el propio TSJC, el tribunal sentenciador.

El tribunal catalán tiene ahora que dictar una providencia para que la Generalitat ejecute el fallo. El Govern tendrá dos meses para aplicar los cambios. Y transcurrido ese plazo, el Gobierno central, vista la respuesta de las partes, valorará lo pasos a seguir. La situación no es cómoda para nadie. Pedro Sánchez no quiere enfadar a ERC, su socio preferente, que hace de la cuestión del catalán un ‘casus belli’.

Casado y el 155

Aunque el presidente tiene que ir con pies de plomo para que nadie acuse al Gobierno de prevaricar o de claudicar ante los independentistas, como hicieron ayer desde la bancada de la derecha. El líder de la oposición ha recurrido a la artillería pesada. Y si la Generalitat se declara en «rebeldía», según ha dicho, está dispuesto a respaldar en el Senado la activación del artículo 155 de la Constitución ceñida al terreno educativo para que el Govern pierda las competencias en enseñanza. El presidente del Gobierno debe velar por el cumplimiento del fallo judicial, ha afirmado Pablo Casado, y si no lo hace incurriría en «prevaricación», ha rematado.

Lío jurídico y académico

Se barrunta una nueva guerra judicial y política, toda vez que el Gobierno catalán ya ha avisado que no cambiará ni una coma en su modelo educativo, que sitúa el catalán como única lengua en la que se imparten la asignaturas.

Así, el consejero catalán de Educación envió ayer una carta a lo directores de los centros para pedirles que no hagan ningún cambio. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido de que el modelo «no se toca». Tras reunirse en Palma de Mallorca con su homóloga balear, Francina Armengol, ha exigido a Sánchez que defienda el catalán y lo blinde en la escuela.

Ha reclamado al Gobierno que no sea «cómplice» del «retroceso» del sistema de inmersión lingüística, después de haber «avanzado» en otros ámbitos de protección del catalán, como el acuerdo suscrito entre el PSOE y ERC en la negociación presupuestaria, que debe garantizar un 6% de los contenidos de las plataformas de streaming en catalán, euskera o gallego. «Pedimos al Gobierno del Estado un claro compromiso de defensa del modelo de inmersión lingüística», afirmó Aragonès. Su consejero de Educación fue más explícito y aseguró que después de hablar con la ministra Pilar Alegría tiene «garantías» de que el Gobierno no pedirá la ejecución de la sentencia. La ministra le trasladó que el Ejecutivo de Sánchez defenderá que se cumpla la nueva ley estatal, la Lomloe. El Govern entiende que esa es una de las dudas que genera este caso. Según su interpretación, la sentencia hace referencia al incumplimiento de una ley, la que impulsó el ministro Wert, que ya no está en vigor.

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