Trump se llevó 300 documentos clasificados de la CIA a su casa

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump acumuló más de 300 documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida). Los 300 documentos fueron devueltos al Gobierno en tres entregas. Primero, en enero de este año, los Archivos Nacionales de EE UU, encargados de custodiar material histórico lograron recuperar 150 documentos clasificados de la residencia del expresidente, la segunda tanda de documentos fue entregada al Departamento de Justicia por unos asesores de Trump en junio y, en tercer lugar, el FBI se hizo con más archivos clasificados en el sonado registro que efectuó este mes en la mansión del exmandatario en Florida.

Hasta ahora, se desconocía el volumen exacto de material que las fuerzas de seguridad estadounidenses habían ido encontrado en la vivienda de Trump. Todavía no se ha divulgado el contenido de los documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca. El Departamento de Justicia solo ha hecho públicos algunos fragmentos de la orden de registro con la que el FBI inspeccionó la mansión del expresidente.

Esa orden apunta a que Trump y gente de su entorno podrían estar incurriendo en delitos de obstrucción a la justicia, destrucción de documentos y violación de la ley de espionaje.

A pesar del grave problema legal que representa para Donald Trump, la redada del FBI en su mansión de Mar-a-Lago ha disparado la popularidad y defensa del expresidente entre sus seguidores. Así lo revela una encuesta de la cadena NBC News publicada el fin de semana, que desvela también que el registro ha unido a los republicanos en torno al exmandatario y ha aumentado su índice de aprobación. El mismo sondeo arroja, sin embargo, que la mayoría de los ciudadanos, un 57%, piensa que las investigaciones sobre las posibles irregularidades deben continuar.

Paralelamente, el juez que debe decidir si hacer público o no el sumario secreto de la orden de registro del FBI en Mar-a-Lago, ha reconocido la seriedad de las preocupaciones del Departamento de Justicia para proteger la confidencialidad de las fuentes, aunque señala que aún no le ha convencido de que sean suficientes para mantenerlo oculto.

Bruce Reinhart, el juez que aprobó la orden de registro original, pidió al Departamento de Justicia presentar una versión redactada del sumario de la orden de registro. El Gobierno, por su parte, ha declarado que hacerlo público podría poner en riesgo las pesquisas y exponer a los testigos a la intimidación.

En una opinión y orden de 13 páginas publicadas este lunes, el magistrado Reinhart ordenó a la autoridad federal a presentar un documento sellado en el que se expongan las partes sensibles de información confidencial que deberían permanecer secretas.

Trump desea conocer el contenido del sumario secreto para saber los indicios de la causa probable contra él, así como la identidad de los presuntos informantes del FBI. Pero al mismo tiempo, no quiere que la orden se haga pública ya que la gravedad de los cargos por los que se le investiga podría perjudicarle. De ahí que sus abogados no interpusieran un recurso para hacer público el sumario secreto cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo durante la audiencia con el juez.

El exmandatario se ha apoderado del relato público a través de su equipo y sus propias declaraciones en los medios afines para hacer prevalecer su versión de víctima sobre la de las autoridades federales, que justificaron el registro con causa probable de graves delitos de Estado. Trump considera complicar la situación judicial un poco más ya que se plantea solicitar el nombramiento de un magistrado especial para arbitrar si los materiales confiscados por el FBI podrían ser utilizados en una investigación criminal contra él, según su principal abogado, Jim Trusty. Sería la primera acción legal formal del expresidente tras la redada del FBI en su mansión el 8 de agosto, en la que se confiscaron 30 cajas de documentos clasificados de seguridad nacional.

El argumento de Trump se basaría en la apelación frívola al privilegio presidencial, —que no solo no cubre la sustracción de documentos de alto secreto del Gobierno, sino tampoco a la pos presidencia—, y aduce que el Departamento de Justicia no debería decidir por sí mismo qué documentos puede utilizar en su investigación.