Los propietarios de la Vasco defienden la seguridad de la mina y cargan sobre el director

La declaración hoy del que fue director general de la Hullera Vasco Leonesa, Mario Calvo Herce, será decisiva para esclarecer el sistema de responsabilidades que la empresa minera tenía establecido en materia de seguridad. Un organigrama cuya eficiencia se cuestiona como elemento básico para determinar responsabilidades en el juicio oral por el accidente que el 28 de octubre de 2013 costó la vida a José Antonio Blanco Barrio, de 43 años; el vigilante Juan Carlos Pérez Fernández, de 41 años; el picador Manuel Antonio Moure Fernández, de 40 años; el tubero Orlando González Fernández, de 44 años; el picador Roberto Álvarez García, de 36 años y el picador José Luis Arias Gutiérrez, de 45 años. Y lesiones a otros ocho mineros.

Ayer iniciaron el turno de declaraciones de los 16 acusados en el procedimiento el presidente y consejero delegado de la empresa minera, Antonio del Valle Alonso; el vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle Alonso y el vocal del consejo de administración Aurelio del Valle Jover. Este último negó toda capacidad ejecutiva y limitó su actividad en la empresa a jefe de personal, sin conocimientos ni información sobre la actividad que se desarrollaba en las minas del grupo.

Tanto Antonio como Aurelio del Valle insistieron en que no trabajaban físicamente en la mina, ni conocían sus avances y situación concreta más allá de los informes que se les presentaban por parte del director general y las auditorías externas que realizaban periódicamente. Para ocuparse de la actividad minera contaban con «un equipo técnico numeroso y cualificado para ello».

Los tres Del Valle que declararon ayer sólo lo hicieron a las preguntas del fiscal y su defensa, rechazaron ser interrogados por las acusaciones particulares.

Actuaciones aprobadas

El presidente y el vicepresidente de la empresa minera insistieron en que todas las labores realizadas en el Pozo Emilio, y en el macizo 7 de la planta 7ª donde se produjo el accidente, estaban autorizadas anualmente y según el proyecto de explotación por la autoridad minera; y negaron conocer si los últimos trabajos se realizaron por debajo de la cota 865, que es la que estaba autorizada.

Las preguntas del fiscal se centraron también en conocer si se establecieron disposiciones internas de seguridad adecuadas a la declaración de mina de categoría 3, especialmente grisuosa, como la declaró Minas. Los acusados insistieron en que no sólo se adaptaron y se tuvieron en cuenta, sino que se «respetaron escrupulosamente», las especificidades de esta consideración de especial peligrosidad de la explotación.

También hicieron hincapié en que, a pesar de los incidentes especialmente graves registrados en 2009 y 2010, ni los equipos de seguridad ni las auditorías comunicaron al consejo de administración ningún incumplimiento o alerta ante lo que podía ocurrir.

El fiscal interrogó también a los máximos ejecutivos de la compañía sobre el despido de dos de los ingenieros encargados de la seguridad de la compañía en abril de 2013, seis meses antes de que ocurriera el accidente mortal. Y si tenían noticia de que habían comunicado a la Junta que se negaban a entrar en la explotación porque advertían un riesgo elevado.

Antonio y Arturo del Valle señalaron que como consejeros conocieron los despidos de parte del director general, que había perdido la confianza en ellos. Y que ordenaron de manera inmediata que se les sustituyera en el organigrama por dos profesionales de cualificación y experiencia suficiente para desempeñar su función. Así, los despedidos Francisco Expósito y Pelayo Iglesias fueron sustituidos por Marcos Ulecia y José Calos García Jarrín.

Durante las declaraciones también se preguntó por la existencia de seguro de responsabilidad civil de la empresa (el presidente señaló que sólo tenían póliza de responsabilidad patrimonial porque consideraban que no había otro riesgo); y sobre la negociación de indemnizaciones con las víctimas. Sólo se llegó a acuerdo con una de ellas, aunque se negoció con el resto, porque la quiebra de la empresa llevó a un concurso de acreedores en el que se interrumpió la posibilidad de los directivos de negociar acuerdo alguno con las víctimas.

Gasto en seguridad

Los dos cargos ejecutivos del consejo de administración de la Vasco insistieron en que, pese a que en 2013 las dificultades económicas de la empresa eran importantes, debido a la difícil situación que atravesaba el conjunto del sector carbonero, en ningún momento se recortó un presupuesto anual para las actividades de seguridad que rondaba los 1,3 millones de euros; y tampoco se recortaron los medios materiales destinados a este capítulo.

Antonio del Valle negó también que la puesta en explotación del macizo 7 el día 2 de octubre, 26 días antes de producirse el accidente, no respondió en ningún momento a una orden de incrementar la producción de carbón. «Más bien al contrario. El problema entonces no era de sacar más, sino de ventas. No teníamos dónde colocar la producción programada, es decir, si hubiera tomado alguna decisión hubiera sido la de producir menos».

Respecto a las medidas especiales que se tomaron en la mina siniestrada tras su declaración como de categoría 3 (especialmente grisuosa) el presidente señaló que se diseñaron las directrices adecuadas y se ordenó que se cumplieran escrupulosamente. «Dentro de la empresa había una estructura de ingenieros facultativos, jefes de pozo, comités de empresa, vigilantes de seguridad, vigilantes de explotación,... Eran todos los que evaluaban si había riesgo o no, y las medidas de seguridad. Y esa era la información que recibía el consejo de administración, a través del director general. «Nosotros no estábamos en la mina todo el día, no sabíamos todo lo que se hacía», concluyó.