León evitará en abril el control de Hacienda tras ocho años de ajuste

El horizonte de 2012 queda lejos. Siete años después, el Ayuntamiento, entonces encuadrado entre los que presentaban peor situación económica, se asoma a la barrera de la suficiencia financiera. El listón, que queda definido por el máximo del 110% de endeudamiento sobre los ingresos corrientes, se rebasará en el primer trimestre del próximo año, como estiman desde los servicios económicos municipales. La cifra hará que el consistorio se libre de la tutela impuesta por el Ministerio de Hacienda. Sin este corsé, la administración dejará de estar sujeta a las condiciones que se marcaron en el plan de ajuste, que amenazaba con la intervención si se vulneraban los compromisos. No ha sido así. Como consecuencia, León evitará la tasa de reposición cero de personal, que ahora sólo se libra en casos excepcionales; la imposibilidad de recaudar menos por los impuestos, lo que de facto supone no poder bajarlos salvo que se argumente con un fin social; la obligación de autofinanciar los servicios con las tasas y precios públicos; y el veto a la concertación de nuevas operaciones de crédito.  

La salida de la tutela se adelanta con el nuevo empujón que dará el Ayuntamiento a la deuda. El consistorio amortizará otros 16.492.291,41 euros adicionales, a mayores de los casi 22 millones que ya estaban previstos en el presupuesto. El dinero se debe al remanente negativo de tesorería del ejercicio 2018, que se aprobará hoy en la comisión de Hacienda dentro de la cuenta general. Ahí se anotan las partidas que no se llegaron a ejecutar, la mayor parte de ellas debidas a inversiones que quedaron encima de la mesa y que la intervención municipal no dejó pasar para este año. Será el último ejercicio en el que suceda, puesto que la salida de lasa restricciones de Hacienda permitirá poder trasladar al ejercicio siguiente estos fondos que no se ejecutan dentro del año.  

La consecución hará que se cierre 2019 con 150.296.014 euros de deuda: el 114% de los ingresos corrientes. Con el primer trimestre de 2020, en el que se amortizan otros 3.354.517,2 euros, ya se superaría el listón. Nada que ver con los 434 millones que fijó la auditoría en 2010, de los que casi 90 millones eran intereses a los que renunciaron los proveedores para acogerse al ICO. Sin contar con esta cantidad, la resta asciende a 193,7 millones menos en ocho ejercicios y deja la cuenta en 1.195,15 euros por habitante.