La Audiencia inicia el juicio de la estafa en Caja España tras ocho años de investigación
La Audiencia Provincial juzgará a partir de las 9.30 de la mañana hoy y por un periodo de tres semanas el caso de la supuesta estafa piramidal presuntamente ideada por una empleada de lo que entonces era Caja España, acusada de apropiarse de 6,5 millones de euros procedentes de familiares y amigos a los que convenció para invertir en falsos fondos que prometían una rentabilidades magníficas que no pudo satisfacer. El caso se destapó en 2012. La causa afecta a 139 perjudicados que estarán representados por 19 abogados, aunque no todos ellos estarán en la sala de vistas.
El Ministerio Fiscal propone una pena de casi siete años y medio de cárcel por estafa para la principal acusada, a los que suma dos años y medio más por falsedad en documento mercantil. Como cómplice figura su marido, supuesto cooperador necesario, para el que se solicita desde la Fiscalía una pena de un año y medio y cinco meses de prisión respectivamente por los mismos delitos.
De acuerdo al escrito de calificaciones provisionales, que obra en poder de este periódico, la acusada ideó en el año 2002 un sistema para obtener dinero en efectivo de parientes y personas allegadas, a las que informaba de determinadas inversiones en productos financieros que estarían reservadas a altos directivos de la Caja y producían una alta rentabilidad.
«En virtud de la confianza que le tenían», dice el fiscal, «las personas le entregaban importantes cantidades de dinero en efectivo, producto de sus ahorros, de empréstitos y de otros negocios jurídicos. Ella disponía del dinero sin suscribir ningún producto financiero a nombre de esas personas, no lo entregaba a Caja España y a cambio recibían documentos que la sospechosa había elaborado o encargado su realización, en los que había estampado distintivos de Caja España (en alguna ocasión llegó a insertar los de otro banco) así como el sello de la entidad, con una firma ilegible», explica el Ministerio Público en su escrito.
La defensa de los acusados solicita su libre absolución, por entender que no son responsables de los delitos que se les imputa. De forma subsidiaria, si fuesen autores de algún ilícito penal, sería en condición de cómplices, puesto que la versión de los sospechosos refiere que altos cargos de la Caja estaban al tanto de las prácticas. Además, desde el punto de vista de la defensa, concurren la excusa absolutoria de relación directa con familiares, la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas «porque se ha tardado cuatro años en aportar el informe policial de los ordenadores de cuatro cargos de la Caja» y la atenuante muy cualificada de reparación del daño: «se han devuelto 465.000 euros».