domingo 19/9/21
LEÓN ■ TRIBUNALES

“La Caja asumía todos los riesgos de los préstamos a Santos Llamas y él, ninguno”

Los inspectores del Banco de España aseguraron en sede judicial que se incumplió la normativa de gestión de riesgo de la propia entidad
Santos Llamas, presidente de Caja España entre 2006 y 2012

“Santos Llamas no asumía ningún riesgo en los préstamos, asumiéndolo en su totalidad Caja España”. Esta es una de las inauditas afirmaciones que los inspectores del Banco de España, Miquel Seguí y Francisco Lorente, expusieron en sede judicial. La revelación es una de las pruebas que forma parte de la instrucción en el caso contra trece consejeros de la Caja, entre ellos el número 3 del PP, Fernando Martínez Maíllo, por entonces presidente de la Diputación de Zamora. Los inspectores, que declararon en el Juzgado número 5 de León el pasado mes de marzo, añadieron que se incumplió la normativa de gestión de riesgo de la propia entidad que, además, calificaron de “deficiente y mejorable”. “No hubo un seguimiento adecuado del riesgo de crédito con relación a las empresas del grupo Santos Llamas”, declararon. El Juzgado número 5 de León investiga las operaciones del Consejo a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida cuyas diligencias se abrieron en el año 2013. El consejo de administración que aprobó las operaciones entre 2007 y 2009 está investigado por la refinanciación de la deuda de Santos Llamas.

Santos Llamas junto a fernando Martínez Maíllo y José Antonio Turrado. J. CASARES
Diario de León ya adelantó la semana pasada que la Audiencia podría citar en breve a Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, como investigado por el caso de la gestión de la extinta Caja España-Duero. El pasado 8 de enero, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de León solicitó a los abogados de los investigados en la citada causa la información de sus defendidos para conocer si alguno de ellos ostenta la condición de aforado y que, en caso afirmativo, lo acrediten de manera documental. La jueza dio un plazo de tres días, que sigue sin cumplirse. Una argucia legal ha esquivado la providencia dictada por Rocío González Boñar. Las defensas de todos los investigados —Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez González, Bernardo Fernández Álvarez, Francisco Javier Fernández, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro Vidal, Marcos García González, Francisco Javier García-Prieto, Zenón Jiménez-Ridruejo, Fernando Martínez Maíllo, Alejandro Menéndez Moreno, María Begoña Núñez, María Olga Palacio y José Antonio Turrado— han presentado documentación en la que solicitan la legitimidad de la acusación popular, ejercida por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, y el archivo de la causa por entender que no hay indicios de delito.

No obstante, y según las mismas fuentes, la presentación de la información requerida por la magistrada no debería aplazarse más allá de dos meses, si bien el juicio podría demorarse años. La Fiscalía sostiene que el perjuicio económico para la entidad a causa de la administración desleal se cifra en 60 millones de euros.

“La Caja asumía todos los riesgos de los préstamos a Santos Llamas y él, ninguno”