El Común reclama más transparencia a las instituciones leonesas
Ayuntamientos como el de León, Astorga o Cacabelos ni siquiera respondieron a la solicitud
El Comisionado de Transparencia y Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, destacó durante la presentación de la Memoria de Transparencia 2020 ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes de Castilla y León, que «año tras año» sigue «aumentando el número de resoluciones de la Comisión que no son cumplidas por las administraciones y entidades públicas destinatarias de ellas». De hecho, en la memoria de 202 constan 329 a nivel autonómico, mientras que en lo que va de 2021 las reclamaciones de los ciudadanos ante esta instancia han alcanzado ya las 350, cuando aún restan más de tres meses para que acabe el año.
Ejecuciones forzosas
Tomás Quintana apuesta porque la futura ley de transparencia incluya multas coercitivas
En relación a las instituciones analizadas por el comisionado en la provincia de León, destaca que el Ayuntamiento de León no ha respondido al cuestionario enviado desde el Procurador del Común, de igual forma que tampoco lo hicieron los de Astorga, Bembibre, Villablino, Cacabelos, Valencia de don Juan o Valverde de la Virgen. El Centro de Supercomputación, la Universidad de León, la Diputación de León, el Consejo Comarcal del Bierzo o el Ayuntamiento de Ponferrada son algunas de las instituciones leonesas que sí respondieron al cuestionario y, en todas ellas, el Comisionado revela que en la mayoría de los casos es preciso que las instituciones mejoren sus webs de transparencia, faciliten el camino al ciudadano para llegar a los datos necesarios o amplíen la información que ofrecen, teniendo también en cuenta a las personas con discapacidad.
Tomás Quintana confió en que la futura Ley de Transparencia autonómica incluirá la «imposición de multas coercitivas» para garantizar la «ejecución forzosa» de sus resoluciones cuando una entidad pública no cumple con los ciudadanos en este ámbito, para alegar que el único recurso coercitivo que tiene para intentar que las instituciones cumplan ha sido hasta ahora publicar en su página web las faltas de cumplimiento de determinadas administraciones y es hacerlo constar en la memoria que publica cada año, pero no cree que esto baste. Así, defendió la necesidad de contar con instrumento jurídico para forzar el cumplimiento.