sábado 07.12.2019
OPERACIÓN PÚNICA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LEÓN

El descenso de Marcos Martínez a los infiernos

El ex presidente cumple un mes de cárcel y el interventor trabaja en libertad con fianza .
Silencio en el Palacio de los Guzmanes. La realidad supera a la ficción. En seis meses la ciudadanía ha asistido atónita al asesinato de Isabel Carrasco, todopoderosa en el PP y en la Diputación provincial, y ahora tiene entre rejas a su sucesor: Marcos Martínez Barazón. El hombre que le llevaba el paraguas cayó en una trama de corrupción que ha convulsionado al PP y a la institución. Hoy cumple un mes en la prisión.
El descenso de Marcos Martínez a los infiernos

Del Palacio de los Guzmanes a la prisión de Navalcarnero. Un salto del cielo de la política leonesa al infierno. Marcos Martínez cumple un mes en la cárcel y no tiene visos de salir pronto. Esta semana el juez Eloy Velasco rechazó darle la libertad bajo fianza. Está en prisión incondicional imputado por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.

El ex presidente de la Diputación está en el ojo del huracán de la operación Púnica «por haber puesto en marcha varios procedimientos de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro» con el objeto de beneficiarse de la red de influencias de este «entre altos cargos del Partido Popular para continuar como presidente de la Diputación de León», señala el auto de imputación y prisión.

El hombre considerado como «el recadero» de Isabel Carrasco, el que le llevaba el paraguas y el abrigo, exhibió una insólita ambición política cuando se quedó huérfano de la protección de su benefactora y decidió convertirse en su heredero universal, como presidente de la Diputación y presidente del Partido Popular. «Ha actuado como vio hacer durante tantos años y resultaba totalmente impune», afirma un letrado de la capital.

La detención e ingreso en prisión del entonces presidente de la Diputación, el 27 y el 30 de octubre, son hechos insólitos en la política leonesa. Tan chocante como que quien está entre rejas sea el hombre «cercano», «de pueblo» y «sin signos de ostentanción» que conocen en Cuadros, el municipio que gobernó durante 24 años. Ahora es diputado y concejal raso.

Su vida era discreta. En 2008 estrenó coche nuevo. Un Volvo S80 con el que se desplazaba martes y jueves por la tarde a atender el despacho de alcalde. Tiene una vivienda y anotó una cuenta con 18.000 euros en su declaración patrimonial. Ahora la gente se pregunta «si tendrá dinero en Suiza».

El 30 de octubre, cuando entraba en la cárcel, cumplía cinco meses de mandato. «Esto se tiene que limpiar de una vez por todas», afirmó Antonio Silván, enemigo político de Isabel Carrasco en el PP que no suele manifestarse con tal contundencia. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, aseveró que «algún motivo tendrá» el juez para tomar una medida tan drástica como la prisión.

«Que aflore toda la mierda», decía un militante del PP. «Durante años la corrupción estuvo en el Ayuntamiento de León —gobernado por el PP, el PSOE y la UPL— pero en los últimos tiempos se desplazó a la Diputación y a Caja España», afirma un letrado de la capital.

El juez Eloy Velasco, casualmente, se ha convertido en el látigo de la corrupción leonesa. Lleva la operación Púnica, con 37 personas detenidas y 14 más imputadas, entre ellas el interventor de la Diputación de León, Jesús López, Suso, en libertad provisional bajo fianza de 30.000 euros, y también investiga en la Audiencia Nacional el fraude de las preferentes, por el que ha imputado al ex presidente de Caja España, Santos Llamas, entre otros. Es un juez cercano al PP.

A Marcos Martínez le pillaron en el transcurso de la operación Púnica a raíz de la comisión rogatoria internacional de la fiscalía de Suiza por el movimiento de capitales a una cuenta de Andorra. Francisco Granados, ex número del PP de Madrid y de Esperanza Aguirre, y su esposa, el empresario David Marjaliza, y también su esposa, así como una sociedad que sucede a este último estaban en el punto de mira.

El 1 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción iniciaba la operación Púnica. «A lo largo de la investigación se han detectado determinadas personas, además de las anteriores, que disponiendo de una amplia red de contactos de un entramado propio del tráfico de influencias se han puesto a disposición de terceros para conseguir la adjudicación de contratos y servicios públicos». Aquí aparece la Diputación de León y la figura de su entonces presidente. El modus operandi consistía en el pago de comisiones para facilitar el logro de los contratos que, según el auto judicial, pueden ascender a más de 100 millones de euros.

«Lo que yo me pregunto es si a la otra no la hubieran matado quién estaría en la cárcel. ¿Él? ¿Ella? ¿O los dos?», afirma un vecino de Cuadros. Es la pregunta que se hace mucha gente. Pero los muertos no tienen responsabilidad penal.

En los primeros cuatro años de Isabel Carrasco al frente de la Diputación, Marcos Martínez pasa desapercibido. Los pesos pesados de la Diputación eran el alcalde de Riello, Cipriano Elías Martínez, y el de Valencia de Don Juan, Juan Martínez.

Todo el mundo sabía el agradecimiento de la presidenta hacia su alcalde, pues llegó a la Diputación como concejala de Cuadros. Isabel Carrasco le premió en 2011 convirtiéndole en vicepresidente, responsable del grupo de diputados e interlocutor para dentro y fuera de la casa.

Detrás de su apariencia amable también había un hombre frío. «Así es la política», contestó a unos funcionarios que fueron expedientados por hacer trabajos de contabilidad para varios ayuntamientos, entre ellos, el de Cuadros, a través de una Sociedad Limitada. «Pero si estamos trabajando para ti», le habían interpelado. «Yo no soy Isabel. Yo te quito el sueldo y punto», le dijo al diputado provincial Joaquín Llamas.

Marcos Martínez era la primera pieza en el cinturón de poder que, a base de rodearse de personas de confianza, tejió Isabel Carrasco para garantizar el control total de la Diputación provincial. «Firmaba todo lo que no le interesaba firmar a ella, que se iba a Marbella con cualquier excusa», asegura Matías Llorente, diputado provincial desde hace 27 años y el único que en estos años ha denunciado el sistema «viciado», según él, de contratación por el sistema de invitación. Emilio Orejas, el nuevo presidente, ha asegurado que arbitrará un sistema de contratación «legal y transparente», aunque asegura que no cree recibir un legado contaminado.

Barazón asumió sin cambios la herencia de Isabel Carrasco. Entrar en el Palacio de los Guzmanes es casi tan complicado como atravesar las puertas de una prisión. Hay que identificarse, confesar a quién se va a ver y pasar por un arco de seguridad. En la primera planta hay vigilante de seguridad y conserjes. Una funcionaria toma nota del nombre y de la persona a la que se va a ver, a quien previamente llamará por teléfono. Tiene un cuaderno repleto de nombres y apellidos.

—¿A dónde va esa información?—le pregunta alguien.

—A Presidencia— contesta.

El control de los movimientos en el Palacio de los Guzmanes es insólito en la casa de los ayuntamientos. En la Delegación de la Junta hay un arco de seguridad y no se piden documentos. Este férreo dispositivo es primer anillo del cinturón de poder instaurado en los dos últimos mandatos en la Diputación.

Confianza en Suso

El segundo anillo de control lo formaban un núcleo de personas de confianza elevadas a los puestos más altos. Jesús López, Suso, también imputado en la operación Púnica, fue nombrado en 2009 en sustitución de Rafael de Benito, el anterior interventor. «Es fácil entender por qué me cesó», responde sin más explicaciones.

La semana que Marcos Martínez ingresó en prisión regresó a su puesto de Benavente el tesorero que sustituyó a Pilar Ortega, funcionaria de la casa que ejercía esta responsabilidad y fue apartada con una merma del sueldo. El único cambio de Martínez fue llegar a un acuerdo extrajudicial con ella para reponerle el sueldo. Pero, al cabo la Diputación tuvo que reaccionar al requerimiento de la Junta de Castilla y León, que dio la razón al exinterventor y a la extesorera en los recursos que presentaron contra las comisiones de servicio.

El PP no quiere que esta situación se vuelva a repetir y verse envuelto en sentencias como la que tumbó el nombramiento de Jesús López y de Isabel Fernández como interventor y secretaria y tesorera de Gersul, el consorcio del tratamiento de residuos. Fernández fue la encargada de redactar el acta de la asamblea del consorcio que acordó su integración en la Diputación y que ha ignorado para traspasar el consorcio al Ayuntamiento de León. Fue ascendida desde el Instituto Leonés de Cultura (ILC) a una jefaturas del SAM (Servicio de Asistencia a Municipios), además de coordinar a los diputados del equipo de Gobierno.

Su nombre ha desaparecido de la ejecutiva del PP que ahora preside Eduardo Fernández. «A los que hacen mal las cosas les ponen donde deben estar», dijo al presentar al nuevo equipo que integra a afines al consejero Antonio Silván.

En abril, el TSJ y el juzgado número 2 de lo contencioso de León amenazaron a la Diputación con remitir actuaciones al fiscal si no ejecutaba las sentencias sobre el nombramiento de arquitecto coordinador del SAM y Cooperación en la persona de José María Alvado. Un arquitecto del servicio, Carlos Muñiz, ganaba la batalla en los tribunales ante la comisión de servicios. La sentencia se hizo efectiva la semana en que Marcos Martínez fue detenido. El día 28 de octubre, cuando Marcos Martínez andaba por los calabozos madrileños, el presidente en funciones, Lupicinio Rodrigo, firmó el decreto para ejecutar la sentencia demorada desde el 2013 en los términos que fija el juzgado de lo contencioso número 2 de León: «Nombrar en comisión de servicios al funcionario que mayores tiempos de servicios haya prestado en la administración».

«Los ‘pata negra’ —así llaman a los funcionarios habilitados por el Estado en la Diputación— plantaron cara a la presidenta, pero mucha gente no se podía defender», alega un trabajador desde el anonimato. Las visitas a consultas psicológicas y los tratamientos para la ansiedad se convirtieron en la tabla de salvación para otras personas.

La jefatura del SAM y Cooperación, a cargo de Ana Cosmen, fue el único que se cubrió con carácer definitivo. Previamente fue apartado otro funcionario, Jesús García Valbuena, que pese a ser afín al PP no gustaba a la presidenta. La nueva jefa es la responsable de la mesa de contratación y preside la mayoría de los tribunales de personal. Entre ellos, el que rechazó a Triana Martínez, implicada en el crimen de Carrasco, cuando se presentó a la plaza de ingeniera de Telecomunicaciones, de la fue que descabancada por otro candidato que no tomó posesión, también estaba al frente del tribunal.

Diez sentencias y autos han puesto en la picota la red clientelar interna de la institución provincial sobre la que se asentaban las decisiones clave. Aún hay miedo a las represalias. «No hemos sabido parar la hydra», dice un abogado leonés que tenía una cita con Martínez el día que le detuvieron.

«Me llamaron para anularla y luego me enteré de que lo habían detenido», comenta. «Antes, la Diputación era la casa para los secretarios e interventores de la provincia, ahora es un lugar del que se huye», comenta una profesional de la administración local. Los recursos han llegado a los tribunales y las quejas al Procurador del Común.

Marcos Martínez «mantuvo la situación» que tachan «de abuso de poder» en la provisión de puestos de trabajo reservados a habilitados nacionales y en asuntos relativos a interpretaciones sesgadas de la normativa sobre régimen jurídico, alegan en Colegio de Secretarios, que ofrece apoyo a quienes quieran ejercer acciones penales. «Nunca se dirigió a nosotros», añaden.

Tampoco Matías Llorente vio cambios sustanciales en la Diputación en los cinco meses de gloria de Marcos Martínez. «Su afán era ser igual que Carrasco», asegura. Quiso ser su heredero universal en política: presidente de la Diputación y presidente del PP. Y todo parece indicar, a la vista del auto judicial, que la ambición por mantenerse en el cargo le perdió.

«Por la ambición por sustituir a la otra se han destapado procedimientos administrativos en la toma de decisiones que sólo son legales formalmente. Es todo un diagnóstico de cómo se ha pudrido la administración local», subraya un letrado, al recordar que los principios de transparencia, libre concurrencia y objetividad están recogidas en la mismísima Constitución, en el artículo 103.

Marcos Martínez ciertamente, como dijo él en más de una ocasión, no es Isabel Carrasco. Ni está bajo su paraguas protector. Él se declara inocente y víctima de una conspiración política. «Fabula cuando habla de conspiración política», contestó Eduardo Fernández.

El mes entre rejas ha hecho mella en el ánimo del ex presidente. «Están siendo los peores días de mi vida. Os pido que recéis por mí», pidió a los vecinos de Cuadros en una carta manuscrita en la prisión de Navalcarnero que se leyó en el pleno de su dimisión como alcalde.

El descenso de Marcos Martínez a los infiernos