Los empleados de la Junta logran la carrera profesional
Administración y sindicatos acuerdan un reparto adicional de fondos para funcionarios
La Junta de Castilla y León y los sindicatos acordaron una subida salarial «lineal y consolidada» que afectará a un total de 16.148 empleados públicos que trabajan en la administración de Castilla y León en la provincia leonesa, con cargo a los fondos adicionales que suplen las mermas de 2018, 2019 y 2020 y que será efectiva en el primer trimestre de 2022.
Este es uno de los dos acuerdos rubricados ayer entre el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, con los representantes de las organizaciones sindicales CSIF, CC OO y UGT, con quienes tambien se rubricó el compromiso de garantizar la carrera profesional con el fin, como destacó el consejero, de avanzar en una administración «moderna, equitativa y eficiente».
Ambos acuerdos serán aprobados hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta. Así, el primero de ellos incluye un incremento de la masa salarial del 0,75 por ciento que se distribuirá de forma «lineal» entre todos los empleados públicos de la comunidad una vez se avance en la actualización de las RPTs (Relación de Puestos de Trabajo), algo que se prevé en el primer trimestre de 2022.
Sobre este acuerdo el consejero indica que reconoce el compromiso de los empleados de la Administración con el servicio público, «y con el esfuerzo colectivo, con la singularidad y la responsabilidad de sus atribuciones, y que contribuye a otorgar a nuestros profesionales las consideraciones que merecen».
En este sentido, hay que destacar que la distribución de los fondos adicionales para la mejora del empleo público tiene su antecedente en el marco del II Acuerdo entre Gobierno y sindicatos de marzo de 2018, que recoge medidas de mejora de empleo público, de condiciones laborales y mejoras retributivas, reposición e impulso de la negociación colectiva en el ámbito de cada administración pública.
Al respecto, el consejero destacó que Castilla y León ha venido haciendo suyos esos compromisos del Gobierno central mediante las previsiones recogidas en las leyes de presupuestos autonómicos, previsiones que en este acuerdo ven su fruto, tras el periodo de pandemia.
En cuanto al acuerdo de carrera profesional se reconoce el desempeño y la prestación de unos servicios de calidad por parte de los empleados públicos, al tiempo que ha trasladado el fundamento real de este instrumento, que lejos de ser un derecho económico, supone considerar la tarea que el empleado público desempeña día a día, aumentando progresivamente su capacidad y experiencia.