Las fiscales del juicio por la Púnica temen que los acusados se acojan a su derecho a no declarar

Carmen García-Cerdá y Teresa Gálvez, las dos fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional que ejercen la acusación pública en la pieza leonesa de la Operación Púnica, temen que los acusados se acojan su derecho a no declarar cuando les corresponde el turno, previsiblemente esta semana, y no descartan que los seis sospechosos se limiten a responder únicamente a las preguntas que les realicen sus letrados, previamente ensayadas las respuestas.

La resolución definitiva no se conocerá hasta que no llegue el momento, y por de pronto para el martes día 24, se fija la presencia de varios peritos, que deberán seguir indagando en torno a las cuestiones relacionadas con las estrategias de posicionamiento que supuestamente utilizaba la red para mejorar la reputación de los presidentes de la Diputación, la anterior ya fallecida y su sustituto ahora juzgado.

Una vez que concluyan los informes periciales, la previsión apunta a que declaren los acusados para cerrar el juicio, en una estrategia insólita, que choca frontalmente con la costumbre habitual, puesto que lo más usual es que sean los investigados que les abran el turno. Sin embargo, la presentación de pruebas que se consideraron no incluidas en la fase de instrucción, obligó al presidente del tribunal a tomar la determinación de habilitar esta otra fórmula.

Teóricamente el calendario apunta a que esta semana solamente habrá juicio los días 24,25 y 26. Sin embargo, resulta harto complicado pensar que con estas tres sesiones, la causa va a quedar cerrada, por cuanto aparte del interrogatorio a los imputados falta también la presentación de los informes definitivos por parte de sus letratos, que se antoja extensa.

Además, la sala de celebración del juicio cambia para esta recta final. Pese a que en un primer momento se barajo la posibilidad de tener que desplazar la vista a San Fernando de Henares, finalmente no será necesario salir de la capital del Estado, aunque el resto de las jornadas se celebrarán en el salón de plenos de la Audiencia Nacional, por estar ocupadas el resto de la salas.

El juicio trata de hacer luz sobre la acusación que pesa sobre el expresidente de la Diputación Provincial, Marcos Martinez Barazón, el interventor de la institución, Jesús López, el diputado Pedro V. Sánchez, el conseguidor Alejandro De Pedro, su socio y ex alcalde de Cartagena Jose Antonio, Alonso Conesa y la empleada de una de sus empresas, Guadalupe Caballero Carrascosa.

La teoría de la acusación pública sostiene que todos ellos conformaban una red encaminada a mejorar la reputación del presidente de la Diputación para reforzarlo en sus intenciones de suceder a Isabel Carrasco, como presidenta Del Palacio de los Guzmanes y fundamentalmente del Partido Popular en León.

Para ello, manejaban una red de periódicos zombis, que alimentaban con notas de prensa de la Diputación. Con esta práctica, se hacía que las noticias negativas perdieron protagonismo y que mejoraban a reputación online de los beneficiarios. 

A cambio, se ha negociado la posibilidad de adjudicarles la contratación de la explotación de las cafeterías de la estación de esquí de San Isidro, con el fin de que obtuvieron un beneficio económico por sus gestiones. Todo ello, de forma presunta.

Los fiscales consideran que los hechos están probados y piden ocho años de prisión para Barazón , siete para Pedro Vicente, Sánchez y Manuel Jesús López, cinco y medio para De Pedro y Conesa y tres y medio para Guadalupe Caballero.

Les atribuyen delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y otros. Las defensas consideran que no hay pruebas y exigen la libre absolución.