domingo. 05.02.2023

Las fiscales de la Púnica se plantean modificar al alza las penas que piden

Las defensas están convencidas de conseguir una sustancial rebaja por dilaciones indebidas
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Las fiscales Carmen García-Cerdá (esquina superior derecha) y Teresa Gálvez (justo a su lado) se plantean endurecer su propuesta. AN

Teresa Gálvez y Carmen García-Cerdá, las fiscales anticorrupción que ejercen la acusación pública en la pieza leonesa de la Operación Púnica que se juzga estos días en la Audiencia Nacional, plantearon en los pasillos de la sala de vistas de la sede de la calle García Gutiérrez el pasado jueves la posibilidad de modificar las conclusiones provisionales que habían presentado en su escrito de acusación y endurecer la penas que proponen para los seis acusados, a la vista de que entienden que la nueva prueba documental aportada agrava los supuestos que se enjuician.

Contrasta la postura con la de las defensas, que consideran al unísono en los seis casos que en el supuesto de que se produjera una sentencia condenatoria, (cuestión respecto a la que plantean importantes dudas), procedería aplicar una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas; esto es, los retrasos que ha sufrido la instrucción de la causa, que se ha prolongado ocho años en el tiempo, y que siguen incrementándose ahora con la decisión de suspender por dos veces la celebración de las vistas y la modificación del cronograma del juicio.

A estas alturas de la causa, Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación Provincial, se enfrenta a ocho años de prisión, acusado de malversación, falsedad documental y tráfico de influencias. Siete piden las fiscales para Pedro Vicente, Sánchez, diputado y para Jesús López, interventor de la Diputación en aquella época. Para el conseguidor Alejandro De Pedro y para el ex alcalde de Cartagena, José Antonio, Alonso, la propuesta es de cinco años y medio de prisión. Tres y medio se deberían imponer desde su punto de vista a Guadalupe Carrascosa, empleada de las empresas gestoras. A todos ellos se les atribuye una trama para manipular la concesión de contratos en la estación invernal de San Isidro, a cambio de mejorar la reputación del presidente Barazón, en Internet, a través de trabajos realizados en diarios zombies.

Pese a que en buena parte del juicio de León la voz cantante la lleva García-Cerdá, es Teresa Gálvez quien goza de mayor peso en el Ministerio Público. Optó recientemente al puesto de Fiscal General del Estado cuando Dolores Delgado cesó. Gálvez Está casada con  Salvador Viada, vocal de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Las dos fiscales, no obstante, gozan de especial significación en la carrera fiscal. Ambas se negaron a firmar el escrito sobre la pieza número 9 de la Operación Púnica, la de la caja B del Partido Popular. Ni García-Cerdá ni Gálvez rubricaron «por motivos técnicos» el escrito que exoneraba de responsabilidad penal en esta causa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y al vicepresidente, Ignacio González.

Un 27

García Cerdá también ha tenido episodios similares. El más sonado fue uno en el que Manuel Moix, fiscal jefe de Anticorrupción, frenó la investigación de una  parte del caso Lezo (un asunto de corrupción en la gestión del servicio de aguas del Canal de Isabel II en Madrid). Ella tuvo que plantear lo que en la jerga fiscal se denomina un 27: aplicar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dice: «el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe».

Testigos de hoy sí, mañana no

desconcierto se está apoderando de los testigos que aún restan por declarar, a los que se está citando y desconvocando de forma constante en medio del caos en que se ha convertido la vista.

La Audiencia Nacional les dota de unas claves de acceso al sistema de videoconferencia del Ministerio de Justicia con las que se les evita el desplazamiento a Madrid.

Sucede sin embargo que los horarios a veces se modifican sin previo aviso. El descontrol en las vidas privadas de los afectados es notable y en las sesiones, a veces se da la paradoja de que mientras declara una persona, aparece repentinamente otra en la sesión, porque el horario previsto no se ha respetado y tampoco se ha comunicado el cambio.

Eso, por no señalar las interrupciones por problemas en la grabación de la vista. Tremendo.

Las fiscales de la Púnica se plantean modificar al alza las penas que piden
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