Fomento gana en los tribunales la batalla para anular el suministro del tren-tram

La Audiencia Nacional anula el contrato de Feve con Vossloh España (actualmente Stadler) para el suministro de trenes con destino a León y Asturias, según adelantó hoy Diario de León en su edición de papel. La sentencia amplía el amplio recorrido de pleitos que persigue desde hace seis años a esta relación contractual que se firmó en 2010 y forma parte de la herencia de la gestión en la última época de los gobierno socialistas de Zapatero, en la que el leonés Ángel Villalba presidía la compañía ferroviaria. El dictamen de la Audiencia Nacional ratifica la anulación que decidió el Ministerio de Fomento en la primavera de 2017 y solapa otras dos sentencias de la misma Audiencia Nacional que vinieron a voltear otras tantas resoluciones por las que se declaró la nulidad de aquel contrato entre el constructor ferroviario y la empresa pública que gestionaba el ferrocarril de vía estrecha (hoy integrada en Renfe Viajeros).

El tribunal de la Audiencia Nacional avala en el fallo las tesis de Fomento y señala que las circunstancias que rodearon la contratación resultan «llamativamente contrarias al interés público», además de que la sociedad pública realizó la contratación «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

En los dos veredictos anteriores, la sala de los contencioso tomó en consideración el recurso del fabricante , que basó su propuesta en los defectos de forma, por entender que las competencias para llevar a término la revisión de un contrato público dependían de la máxima autoridad del ministerio y nunca podían delegarse en otros altos cargos. Esta vez, la sala entró en asunto sobre el fondo del contrato y da por probado que la contratación acumula diversas irregularidades por realizarse al margen del procedimiento legalmente establecido, lo que lleva a la adjudicación a padecer de «nulidad de pleno derecho». El contrato en cuestión que se realizó mediante el procedimiento de negociado sin publicidad ascendía inicialmente a 15 millones de euros; tras ampliaciones sucesivas acumuló un montante de 70 millones de euros.

Feve firmó con el fabricante valenciano Vossloh (hoy Stadler) el 1 de junio de 2010 un contrato para armar cuatro convoyes tren-tram por valor de 15 millones doscientos mil euros, mediante un modelo de negociado sin publicidad; meses antes, la empresa había licitado un concurso público para este suministro al que concurrió Vossloh con una oferta de más de 35 millones de euros; se declaró desierta la licitación por entender Feve que las ofertas no se ajustaban a los requisitos; resulta, y queda patente en este proceso en revisión durante este túnel judicial al que ha sido sometido, que un mes después se incrementó el pedido a otras 28 unidades (otras fuentes de Fomento limitan a doce unidades la operación). La Abogacía del Estado recoge en diferentes informes cómo el valor del contrato llegó a los setenta millones de euros, desglosados en más de 62 millones por los trenes y ocho millones para reservas de repuestos y piezas.

En torno a estas apreciaciones, el fallo del tribunal de la Audiencia Nacional concluye que «se evidencia que el procedimiento negociado tuvo el claro designio de modificar sustancialmente las condiciones iniciales del contrato». Para esto no se observa otra explicación que la «preexistencia de un acuerdo de ir ampliado el contrato».. La sentencia añade que «las circunstancias concurrentes en el contrato son tan llamativamente contrarias al interés público y a los principios inspiradores de la contratación administrativa que la actuación del Ministerio de Fomento no puede considerarse inspirada por mala fe o desviación de poder».

Stadler, Vossloh España, va a recurrir en casación la sentencia; reclama 19 millones de euros como indemnización por los daños causados en este encargo que le resultó fallido.