La huelga encubierta de 26 empleados de San Isidro pone en jaque a 2.500 usuarios

maría j. muñiz | león

Los más de 2.500 esquiadores que a primera hora de ayer domingo se acercaron a la estación de esquí de San Isidro se encontraron con dos desagradables sorpresas: una, la huelga encubierta de los 26 trabajadores fijos discontinuos que atienden los servicios de las estaciones y otra el cierre de Riopinos. La ausencia de los trabajadores se solventó en las primeras horas de la mañana con la reubicación en los puestos necesarios para que los usuarios accedieran a las pistas del resto de los trabajadores de la estación. Sin embargo, la zona de Riopinos permaneció cerrada. Según la Diputación, que gestiona la estación de invierno, la decisión se había tomado y colgado ya en la página web a última hora del sábado, por la falta de nieve en alguna de la zonas. Tampoco estuvieron abiertos los telesquí y telebaby de Requejines.

Desconcierto

Tras el desconcierto inicial, pasadas las once de la mañana la situación en las pistas abiertas (14 kilómetros) era de «total normalidad», según el diputado de Desarrollo Económico, Miguel Ángel del Egido. Ya entonces unos 2.500 esquiadores disfrutaban de la que se preveía como una de las mejores jornadas de la temporada. Parte de los esquiadores que acudieron a Riopinos (muchos de ellos habían abonado ya sus forfaits del fin de semana) optaron por no hacer el largo trayecto, más de una hora, hasta el acceso de Cebolledo, donde finalmente sí se pudo esquiar.

El diputado de Desarrollo Económico, Miguel Ángel del Egido, destacó ayer desde la estación que la protesta de los fijos discontinuos es irregular, porque se decidió en la tarde-noche del sábado tras una asamblea, pero no cumple los trámites de comunicación previa establecidos legalmente. Y adelantó además que los representantes sindicales de los trabajadores se han desvinculado de esta protesta, por no cumplir las exigencias Legales.

Del Egido señaló que a la institución provincial «no le va a temblar la mano» a la hora de exigir responsabilidades ni ejercer consecuencias de la actuación de los trabajadores. «Lo que no puede ser es que un grupo de personas eche un pulso a una administración pública perjudicando a casi 3.000 usuarios. Estamos estudiando las actuaciones a llevar a cabo, las que tengan que ser. Entendemos las reivindicaciones, pero rechazamos las formas».

Tras la reasignación del trabajo ya no hubo problemas. F. OTERO