jueves 26/5/22

La Junta de Castilla y León ha presentado una batería de alegaciones al anteproyecto de ley de movilidad sostenible que tramita el Gobierno central, al considerar que supone un «ataque directo al medio rural», puede suponer «el acta de defunción del transporte ferroviario de media distancia» y sienta las bases para cobrar por el uso de las autovías.

En un comunicado, el consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, denuncia que este texto normativo no incluye financiación para fomentar la movilidad rural y traslada a las comunidades autónomas el peso total de la misma, pues habrán de sustituir las relaciones ferroviarias suprimidas con sus propios servicios de transporte.

Para este departamento de la Junta de Castilla y León, el anteproyecto alegado sigue la senda ya marcada por la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y no contempla en ninguno de sus ámbitos la movilidad rural.

«Es verdaderamente preocupante que una ley de movilidad únicamente haga una referencia a la movilidad rural, parece que la movilidad pública no es un elemento esencial de la lucha contra la despoblación y, si lo es, lo que queda claro es que no parece ser de la incumbencia del Gobierno de España”, ha afirmado el consejero.

Sobre los servicios ferroviarios, Suárez-Quiñones ha alertado de la posibilidad de que la norma sirva para justificar la supresión de algunas líneas que no sean competitivas desde el punto de vista económico y permitiendo a las compañías operadoras dejar sin servicio a las zonas con baja demanda y baja concentración de población. Estas condiciones, junto a otras previstas en la futura norma, son en opinión del consejero el «acta de defunción del transporte ferroviario de media distancia como elemento vertebrador del mundo rural».

La Junta alega contra la ley de movilidad porque permite cobrar en las autovías