León cederá a la Junta el suelo de la estación de autobuses 30 años después de abrirse

El limbo administrativo tiene periodos de hasta 30 años de estancia. Desde 1990, cuando cruzó el puente de los Leones para unificar en un mismo espacio todas las cocheras que se esparcían por la ciudad, la estación de autobuses se mantiene inscrita de manera irregular. Durante todo este tiempo, las fincas se han mantenido apuntadas a nombre de quien había sido el titular hasta el año 1988, cuando se cerró el expediente expropiatorio abierto en 1986. Entonces, el Ayuntamiento de León desembolsó 67.387,75 euros a Renfe por el suelo, pero ni siquiera lo inscribió en el inventario municipal. Ahora, después de la depuración jurídica iniciada en junio de 2017, el Ayuntamiento podrá culminar la cesión del suelo a la Junta, que es quien gestiona las instalaciones desde que se pudieron en funcionamiento.

El convenio se aprobará esta semana en la comisión de Desarrollo Urbano, antes de que lo firmen el alcalde, José Antonio Diez, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El documento recoge la aprobación definitiva del expediente de «mutación demanial externa intersubjetiva, por cambio del sujeto público titular del dominio, mediante el cual el Ayuntamiento de León acuerda transmitir, con carácter gratuito, la plena titularidad y dominio de la parcela en que está ubicada la estación de autobuses de León a la comunidad autónoma».

El texto abunda en que el acuerdo se justifica por «la prestación del servicio público implantado en dicha parcela, sin alteración de la calificación de dominio público del referido bien, ni del destino público previsto por el planeamiento urbanístico vigente». Pero por si hubiera duda, se hace constar que «la cesión tendrá la duración necesaria para el logro de los fines previstos, por lo que si no se destinasen al servicio público previsto de transporte de viajeros, los terrenos se reintegrarán» al consistorio de la capital leonesa «en las mismas condiciones en que fueron cedidos».

Una vez que se apruebe el convenio por cada una de las partes de manera separada, sólo quedará por poner la fecha final para la firma conjunta. Luego, el consistorio tendrá que hacer lo mismo con el Estado por el suelo de los juzgados. La fotografía servirá para cerrar la regularización de un espacio público que ha permanecido durante 30 años en el limbo registral pese a tratarse de administraciones.