Más de 2.000 funcionarios de León podrán trabajar tres días a la semana desde casa

Los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) podrán teletrabajar de manera voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes serán de carácter presencial gracias al acuerdo alcanzado ayer entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos tras cinco meses de negociaciones. El teletrabajo —que afectará de manera potencial a 2.134 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y agencias estatales en la provincia leonesa— tendrá carácter voluntario y reversible y estará supeditado siempre a que se garantice la prestación presencial de los servicios a la ciudadanía.

También se podrá autorizar en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad, como ocurrió el pasado invierno con la borrasca Filomena o durante el confinamiento.

Sin embargo, no todos los funcionarios del Estado podrán disfrutar de la jornada laboral en sus domicilios, sino solo para los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados, previa solicitud y autorización.

Para ello, cada departamento ministerial u organismo público, previa negociación con los sindicatos, deberá realizar un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo. Para cada puesto se identificarán objetivos de trabajo y se evaluará su cumplimiento, conforme a criterios generales negociados, estableciendo un horario fijo de disponibilidad y localización.

Además, por primera vez en la historia de esta Administración se establecerá un sistema de acceso al teletrabajo a través de convocatorias públicas de forma periódica, al menos una vez al año. Pero para optar será necesario que el funcionario acredite al menos un año de antigüedad en el puesto y unidad.

Y derecho a desconectar

En este acuerdo se garantiza que el personal que preste sus servicios mediante esta modalidad tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el personal en modalidad presencial, tanto en lo que respecta a la retribución, como al tiempo de trabajo, formación o carrera profesional. Tendrán derecho además a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el teletrabajo, así como a otros como el de intimidad o desconexión digital.

No se recoge el pago de los gastos de suministros como luz o internet, pero sí que la Administración proporcionará los equipos informáticos con tarjetas de datos y aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para la actividad, junto a la formación técnica específica, prevención de riesgos laborales (prevención del estrés o el aislamiento social) y protección de datos.

Otra de las principales novedades que contempla el acuerdo es que existirá también una modalidad de teletrabajo con menor presencia física del trabajador en su centro, siempre que se dé alguna de estas circunstancias: favorecer la presencia de la AGE en territorios con declive demográfico o atender a la prestación de servicios en ámbitos de difícil cobertura, como puede ser el elevado coste de vida, por ejemplo, en Baleares. En estos casos, se podrá establecer una prestación de servicios de carácter presencial de un mínimo del 10% de la jornada mensual; es decir, se podrá teletrabajar incluso 20 de los 22 días laborables.

Los solicitantes deberán encontrarse en servicio activo, se podrán tener en cuenta criterios como discapacidad, salud, víctimas de terrorismo o violencia de género, y la autorización habrá de requerir informe previo del superior jerárquico.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, subrayó durante la firma del acuerdo los objetivos que persigue: «fomentar la presencia de la Administración del Estado en el territorio, especialmente en zonas de declive demográfico; modernizar la organización del trabajo mediante la consecución de objetivos y la evaluación del rendimiento; contribuir a la sostenibilidad medioambiental; generalizar el uso de las nuevas tecnologías y reconocer como una modalidad más el teletrabajo».

Ni jueces ni seguridad

El teletrabajo no será de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal destinado en establecimientos sanitarios, centros docentes o de apoyo a la docencia, ni a jueces, magistrados, fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. Estos colectivos se regirán, en su caso, por su normativa específica en materia de teletrabajo.

El acuerdo fija los criterios generales pero tendrá que desarrollarse en los próximos meses a través de un Real Decreto. Así, se abre a partir de ahora un periodo de consulta y diagnóstico con los diferentes ministerios para determinar el perfil de los empleados públicos que podrán optar por el teletrabajo.