La ORA reclama a Diez un año de pérdidas por la pandemia

No es el primer contrato de gestión externalizado de una administración pública que se acoge al comodín del equilibrio presupuestario; la pandemia y el parón económico que arrastró el covid deja un rastro profundo en la cuenta de resultados de empresas que tenían el horizonte de los beneficios en una línea que emborronó el confinamiento. En ese punto enfatiza la concesionaria de la ORA de la capital leonesa la propuesta que traslada al Ayuntamiento de León, para aminorar pérdidas en diferido. 

Lo que pide la empresa que gestiona el aparcamiento regulado en las calles leonesas está en  la legislación mercantil, según se expone por decreto  de marzo de 2020, que se inspira en las medidas urgentes para hacer frente al impacto social y económico derivado de la expansión del virus covid, por a la pérdida de ingresos y el incremento de costes soportados, respecto de los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios en el periodo del duración de la situación de hecho, que se creó por el covid. 

La demanda de la empresa concesionaria quedaría resuelta con  la ampliación de las  condiciones contractuales actuales por el periodo de un año. Un año más de  concesión del servicio de gestión de la ORA, para anular los números rojos, que también se cuantifican en una tabla aportada por la empresa concesionaria  que sostiene la demanda ante la hacienda municipal.

Estaba previsto que esta propuesta pasara antes de que acabara esta semana por la comisión informativa, para iniciar el trámite  administrativo que diera como resultado la compensación económica que pretende la demandante. 

Con cifras, el desajuste se contabiliza sobre la referencia de los resultados económicos previos al estallido de la pandemia, es decir, en 2019, según se recogió en la junta general de accionistas de la sociedad, con una cuentas que superaron la cantidad de 1,2 millones de euros, de los que 0,7 millones (en números redondos) correspondieron al Ayuntamiento de León, y 0,5 millones a la empresa matriz de  la sociedad concesionaria.

El espacio ORA cedió ante las terrazas, por ejemplo, con 231 establecimientos hosteleros con licencia en la calle. «De tal forma, que el tiempo calculado de prórroga de contrato equivale a un año, se corresponde con el beneficio dejado de percibir y solicitado, por lo que se entiende que resultaría como equivalencia ajustada para restituir  el cese de actividad del año 2020.

La empresa solicita que la intervención municipal del Ayuntamiento de León emita un informe de fiscalización relativo al expediente, al amparo de la legislación reguladora de la administración local. La sociedad anónima Estacionamientos Urbanos de León es una empresa mixta formada  por el Ayuntamiento de León, con una participación del 57%, y de Dornier, que asume el 43% del capital social.

Se constituyó para gestionar el servicio ORA que regula y gestiona los aparcamientos en superficie de pago en la capital leonesa, en un plazo de 25 años. Una vez que transcurra el plazo dispuesto como objeto de la constitución de la empresa, la sociedad se disolverá de pleno derecho.

Después de aplicar algunas modificaciones a este relato que afectan al texto inicial de la constitución de la sociedad, la empresa solicita invoca el derecho  que tiene para acudir al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15%, o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Se especifica que ese reequilibrio compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de costes soportados, entre los que se incluyen posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras y servicios durante el periodo afectado por la situación creada con la situación de hecho generada por el covid. 

El transporte urbano empezó

La ORA va a seguir la estela de otros servicios. En eso de reequilibrar por pérdidas fue pionera la concesión del transporte urbano. El Ayuntamiento de León aprobó el pasado otoño el acuerdo para reconocer a la empresa del autobús urbano, Alesa, filial de Alsa, el derecho a prorrogar su tiempo de contrato hasta marzo de 2024.

La gracia se justificó en la reducción de los ingresos que la concesionaria tuvo como consecuencia de las limitaciones sanitarias, pero sin llegar a los extremos que pretendía en sus informes de argumentación del restablecimiento del equilibrio financiero. Frente a los 1.098.105 euros que defendía el operador —615.805 a enjugar con la ampliación del tiempo de explotación y 482.300 euros a liquidar de manera directa—, los técnicos municipales tan sólo reconocen el plazo de aumento del compromiso, sin cantidades adicionales.

La reclamación de Alesa incidió en que «los kilómetros y horas reales de servicio realizados se vieron reducidos y limitados como consecuencia de la imposición del primer estado de alarma y las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de León», como la suspensión del 100% del servicio entre el 13 y el 14 de marzo; la puesta en funcionamiento de a tan sólo el 25% desde el día 16 ; la gratuidad total desde esa jornada hasta el 22 de junio; y el aumento hasta el 55% de los servicios desde el 25 de mayo hasta que se restableció por completo el 12 de junio.

«Esto ha supuesto que los ingresos reales obtenidos por la concesión en el periodo objeto de análisis hayan ascendido únicamente a 1.379.932 euros»,indicaron los responsable de la filial de Alsa, que abundaron en que la comparación con «los ingresos de la concesión en condiciones normales de explotación, los cuales ascienden a 2.432.716 euros» resuelven una «reducción de ingresos durante el Estado de Alarma asciende a 1.052.784 euros, un 43%». A mayores, añadieron «los sobrecostes» como consecuencia de «las medidas extraordinarias impuestas por las autoridades para minimizar el riesgo de contagio.