Paralizan un proceso de personal en el Ayuntamiento de León por sospechas de que se filtró el examen
Se ha ordenado investigar el acceso a los ordenadores. JESÚS F. SALVDORES / ARCHIVO
Con 701 aspirantes inscritos y los resultados de la primera de las pruebas ya valorados, el tribunal responsable ha decidido paralizar la convocatoria de la selección para la bolsa de empleo de ordenanzas municipales del Ayuntamiento de León. El acta refleja que se tiene “el pleno convencimiento de que se ha podido filtrar el examen a partir de que el mismo fue impreso, y no antes, si bien desconoce cómo se ha podido realizar y quién lo ha podido realizar”, como se refleja en el documento hecho público para conocimiento de los aspirantes.
El acta incide en que se ha “ordenado investigar al Departamento de Sistemas si alguien ha accedido al ordenador” del presidente del tribunal o al de “la señora Secretaria”, así como “a la impresora en la que fue impreso el ejercicio, sin resultado alguno”. Por todo ello, se recalca en el documento la necesidad de paralizar la selección «a la vista de los resultados de la prueba y de los indicios señalados por una aspirante», quien apunta «claramente, a su juicio, a que se ha podido acceder al ejercicio, una vez impreso éste, por terceras personas que no es posible determinar, como tampoco lo es conocer en qué momento se ha podido acceder al examen».
EEstos indicios hacen que sea «conveniente proponer al Tribunal la no ratificación de las calificaciones provisionales publicadas, que, por tanto, no quedarían elevadas a calificaciones definitivas», según se cita en el acta, aprobada por la unanimidad de los miembros del tribunal de selección. Como consecuencia, se deja «sin efecto la prueba realizada el pasado día 18 de junio de 2022, por las causas anteriormente expresadas». A su vez se da traslado a la “Administración Municipal para que, previo nombramiento de un nuevo Tribunal calificador, se proceda a realizar una nueva Prueba de Conocimiento a los aspirantes a la Bolsa de Ordenanzas”.
La decisión hace que se retrotraiga el proceso selectivo a “la fase que corresponda, previo nombramiento de un nuevo Tribunal calificador, dado que ello sería lo más transparente y lo más beneficioso para el interés público, que no es otro que disponer de una Bolsa de Ordenanzas a la que se haya accedido de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, se expone.