«Sería irresponsable asumir más competencias y poner en riesgo la sanidad o los servicios sociales»

—Estamos viendo escenas preocupantes de división de la sociedad que recuerdan a otros tiempos. No sé si tiene esa misma percepción.

—Quienes tenemos responsabilidades púbicas somos los primeros llamados a trabajar con tranquilidad y lanzar ese mensaje. Cualquier diferencia que podamos tener desde el punto de vista ideológico o político tenemos que saber encauzarla a través de los mecanismos que constitucionalmente nos hemos dado todos. Por tanto, es verdad que en la medida en la que hay líderes políticos que llaman a la polarización eso genera que la sociedad se polarice y sería bueno que todos hagamos esa llamada a la calma.

—¿Es posible que en los próximos meses que el clima político vuelva a la normalidad? ¿A que esa confrontación sea de ideas y no de actos?

—Hay que apelar a la responsabilidad de quienes estamos al frente de las instituciones públicas. Vuelvo a insistir. Nos hemos dado un marco legítimo de representación y más allá de que unos u otros podamos estar más a favor o en contra de lo que están haciendo determinados responsables, porque no nos olvidemos de que en esta situación hay responsables de instituciones de todos los partidos políticos, hay que hacer esa llamada a la altura de miras de todos quienes tenemos esa responsabilidad.

—Como ‘embajador’ de las relaciones con el Gobierno central, ¿cómo se está portando con el déficit de financiación de servicios que arrastra con Castilla y León?

—Nosotros venimos reclamando, además con unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el Parlamento autonómico, que el modelo de financiación se ajuste a las necesidades. Hay un déficit presupuestario importante en cuanto a los servicios que presta la Junta que no cumple las expectativas que nuestra comunidad tiene. Es lo mismo que reclaman otras comunidades y lo mismo también que piden muchas entidades locales. Esta legislatura estaba abocada en principio a una revisión del modelo de financiación autonómica, contando con todas las comunidades autónomas y también hacer una revisión del modelo de financiación de las entidades locales. Es verdad que nos ha pillado este tren que ha atropellado a todos y que probablemente eso haga que ahora sea más complicado, por eso hay que pedir al Gobierno que no siga manteniendo las diferencias que existen entre comunidades autónomas y que cuando esto lo permita se ponga manos a la obra.

—El alabado frente común entre el PP y el PSOE de Castilla y León para abordar esta crisis choca con el antagonismo de las mismas fuerzas políticas a nivel nacional.

—He tenido la oportunidad de tener una conversación con la ministra de Función Pública y Política Territorial en el ámbito de las funciones que me competen. He encontrado una voz abierta y quiero agradecer que en lo personal cuando me tocó pasar el coronavirus se preocupó por mi estado. Ha sido una relación fluida a nivel ministerio. Más allá de eso, siempre hemos dicho que hemos trabajado con lealtad al Estado, pero evidentemente no podemos perder la firmeza que tenemos que tener para reivindicar lo que creemos mejor para Castilla y León. La distancia ideológica entre los gobiernos de la Junta y del Gobierno de la nación no tiene por qué ser óbice para que establezcamos los mecanismos de colaboración que sean oportunos.

—Cuando el delegado de la Junta en León tomó posesión de su cargo le dijo que le iba a tocar dar la cara. ¿Considera que Juan Martínez Majo ha dado la cara?

—Juan Martínez Majo está desarrollando una buena labor al frente de la Delegación Territorial. Tengo oportunidad de compartir mensajes con él todos los días. Es verdad que León es una provincia que por su idiosincrasia tiene un especial cuidado. Yo creo que cumple muy bien las funciones de delegado porque conoce muy bien el territorio por las responsabilidades que ha tenido anteriormente. He tenido posibilidad de conocer su trabajo y sobre la exposición pública mayor o menor no se pide a nadie un mínimo o u máximo de comparecencias, sí que trabajen intensamente que es lo que está haciendo Juan.

—Entre sus competencias está la asistencia al portavoz. En estas circunstancias especiales, ¿como define su relación con Francisco Igea? ¿Es necesario un ejercicio de cintura política adicional?

—No. Yo creo que mantenemos un relación muy cordial desde el inicio de legislatura. Evidentemente partimos de la base de que es una legislatura distinta porque nace de un acuerdo entre dos partidos políticos para formar un gobierno y en los primeros pasos todos tenemos que ir conociéndonos. A veces esto no ocurre cuando vienes de una única formación donde conoces a los compañeros. Más allá de eso, si de algo se puede jactar la Junta de Castilla y León es que está trabajando como un gobierno muy compacto. Cuando uno pasa del umbral de la puerta del Consejo de Gobierno se quita la mochila partidista y se centra en los intereses de Castilla y León. Por lo tanto, la relación con él es cordial, como con cualquier compañero del Consejo de Gobierno.

—¿Se plantean asumir en algún momento las competencias de Justicia?

—Nunca tenemos que dejar de aspirar a mayores cuotas de autogobierno como legítimamente han hecho otras comunidades, pero por experiencias conocidas si no va acompañada de los recursos económicos suficientes sería un lastre insuperable para una comunidad como la nuestra.

—Eso lo tiene que saber muy bien el actual presidente de la Junta, que fue consejero de Justicia e Interior cuando no teníamos las competencias transferidas. ¿No es posible que sea una espina que aún tenga clavada el presidente?

—Nunca hay que dejar de completar el elenco de competencias que pueden ser asumidas por la comunidad, pero sería irresponsable que acometer esas responsabilidades pusiera en riesgo después los recursos económicos suficientes en relación con aquellas competencias que ya nos están suponiendo un esfuerzo económico importante, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Más que una voluntad de coger una competencia hay que tomar la decisión en función de la capacidad económica que tengas.

—¿En qué parte del plan de gobierno de la Junta se ha dejado la Mesa por el Futuro de León, temporalmente apartada y estancada?

—Creo que no hay estancamiento ninguno. Desde el punto de vista de que ninguno de los proyectos previstos por la Junta están estancados, simplemente estamos en un tiempo de interrupción de plazos habida cuenta de una emergencia donde todos hemos tenido que poner nuestros esfuerzos, pero yo creo que el compromiso de la Junta con la Mesa por León es inequívoco, además con representación al máximo nivel y lo que queremos todos es salir cuanto antes de esta situación para ir desarrollando esos proyectos que quedaron con la pausa puesta a principio del mes de marzo.

 

—¿Cuál es la situación de liquidez en este momento de la Junta y diga si ya tiene cuantificado cuánto ha costado hasta ahora la lucha contra la pandemia?

—Es todavía pronto para hacer un resumen de costes porque hay costes directos pero los habrá indirectos. No me gustaría dejar en la hemeroteca una cifra que luego resulte alejada de la realidad.

—La mayor empresa de León sigue siendo la Administración Pública. Muchos procesos de oposición han quedado en suspenso. ¿Puede adelantar cuándo se covocarán las oposiciones y qué áreas cubrirán? Un calendario.

—Teníamos convocadas unas cuantas convocatorias de empleo público en diversos perfiles que correspondían a las ofertas de 2017 y 2018 y también aprobamos una oferta en 2019. Es verdad que la interrupción de plazos ha dejado esos procesos en standby pero la idea es que siempre y cuando el Gobierno no marque otra pauta, tenemos intención de seguir desarrollando todos los procesos selectivos. Hablamos de más de 2.000 plazas en más de 80 procesos selectivos que queríamos haber desarrollado a lo largo de 2020. Teníamos un calendario planificado que se va ver alterado. La suspensión de plazos también nos permite que pudiéramos entrar con plazas de 2017 incluso de parte de 2021 pero la idea es continuar con el calendario como estaba previsto. Es verdad que debemos de cumplir con medidas de seguridad, porque estas convocatorias atraen a miles de opositores. En cuanto se abra el escenario continuaremos con esas convocatorias.

—¿Se han paralizado muchos expedientes de contratación en su consejería en estos últimos dos meses?

—No, porque esta consejería es la de menor presupuesto, no es especialmente inversora. Hablamos de unos 130 millones de euros, que una gran parte es para la financiación de las entidades locales. Con el levantamiento de los plazos ya hemos empezado a gestionar algunos expedientes.

—En cuanto al tema de los expedientes jurídicos ¿cuántos conflictos maneja la Junta y sobre qué temas?

—No dispongo de la información completa. Además son procesos que viven y mueren porque se archivan. Sobre todo se refieren a la gran cantidad de normativa jurídica que remite el Estado para saber cómo hacer las cosas. Hay muchos en el ámbito de la función pública. Es verdad que vienen de sentencias sobre la ordenación de recursos humanos que tenía la Junta. El catálogo de puestos de trabajo, la RPT, el concurso abierto y permanente de funcionarios y eso es lo que nos obliga a recomponernos.

—¿Tienen previsto revisar la ‘Administración B’ de la Junta, como se hizo en 2008?

—Ahora mismo hay una comisión del pacto de gobierno entre PP y Cs para abordar el dimensionamiento de la Junta. Es un análisis de cómo funcionan las sociedades en las que participa la Junta para optimizar su funcionamiento, fusionarse con otras o directamente hacerlas desaparecer.

 

—Hay mucho ruido con las casas de apuesta. ¿La Junta va a endurecer la normativa de alguna manera?

—Hemos tomado una iniciativa que podría ser pionera. Es la Mesa del Juego Responsable, en la que participan entidades como las asociaciones de jugadores rehabilitados, los sindicatos, las consejerías de Familia, Educación y Sanidad por los aspectos que tienen que ver. También está la Delegación del Gobierno y las asociaciones de vecinos de Castilla y León como interlocutores. Teníamos previsto reunirnos en marzo para tomar medidas y en cuanto podamos se adoptarán las decisiones que se consideren. Es un sector que genera 2.000 puestos de trabajo en Castilla y León, con 450 empresas vinculadas, 70 millones de ingresos en las arcas de la Junta, pero hay que proteger a los más jóvenes y a quienes padecen la ludopatía. En ese doble equilibrio nos tenemos que manejar.

—¿Cuál es la percepción que tienen los leoneses de la Junta de Castilla y León? ¿Nota diferencias entre provincias?

—Siempre he sido un firme convencido de que siempre hay cuestión para la mejora en todos los órdenes de la vida. De todos los expedientes que hemos gestionado en el Consejo de Gobierno de la Junta en once meses de legislatura, 272millones de euros han tenido relación con la provincia de León. Es un dato que casi nadie conoce pero es la realidad de los hechos. Y a veces se aleja un poco la percepción que se tiene de una institución con respecto a lo que esa institución hace en realidad. Pero si eso ocurre, tenemos que plantearnos mejorar la percepción que se tiene de nosotros en una provincia como León. Estamos en esa tarea.

— El presidente de la Diputación de León reclamaba financiación por ser las instituciones más cercanas. ¿Va a haber una desescalada de competencias desde la Junta?

—Esta misma semana hemos tenido la conferencia de titulares de alcaldía y presidentes de diputaciones y hemos hablado de la necesidad de fijar mecanismos de coordinación más fuertes entre la Junta y el tejido local para ver qué aspectos podemos mejorar entre todos. No se trata de desescalar competencias sino coordinar las líneas de actuación de cada uno.

—¿Se plantea la Junta revertir las competencias impropias de la Diputación?

—Estamos a la espera de un escenario que espero que en pocas semanas permita desarrollar un pacto de Comunidad en el cual una de las cuestiones principales será revisar el modelo residencial y estamos en disposición de escuchar planteamientos. No se puede presuponer cuál será la decisión que se va a tomar. Si hay cosas que mejorar, estamos en disposición de hacerlo.

—El diálogo social ha sido siempre un ejemplo en esta Comunidad. ¿Cómo están las relaciones con los sindicatos? ¿Apoyan la gestión de la crisis o se están poniendo firmes como antesala de una crítica mucho más dura?

—Comparto la percepción de que el diálogo social ha sido una seña de identidad y tiene que seguir siéndolo de cara al futuro. Hay un hecho al que me voy a remitir: reconocer que el Decreto Ley que conlleva 120 millones de euros para proteger a los sectores más débiles surge de las conversaciones con las organizaciones sindicales y la patronal en el marco del diálogo social. A partir de ahí, las críticas siempre son legítimas y como responsables políticos tenemos que estar atentos a ellas, pero más allá de eso, hay un espacio de negociación que tenemos que explorar.

—La despoblación afecta a León de forma grave desde hace 50 años. ¿Qué medidas van a tomar para luchar contra este fenómeno?

—No es una situación que podamos geolocalizar en un territorio concreto o en una comarca o en una provincia. Es un problema de nuestro país y de toda Europa. El primer presidente autonómico que abordó el problema fue Juan Vicente Herrera, que lo llevó al Comité de las Regiones. Ha sido una preocupación permanente de la Junta que pasa por soluciones globales. La población se concentra en grandes urbes que absorben población sin parar como agujeros negros y, sin embargo, situaciones como la actual demuestra que al mundo rural se le abre una oportunidad y ha sido uno de los lugares donde hacer frente a estas situaciones ha sido más fácil y más contundente. Queremos seguir en la línea de las políticas que permitan acceder a todos los servicios cuando uno decida instalarse en el ámbito rural. Hay que potenciar a quienes están allí primero y potenciar que cualquiera que quiera poner en marcha un proyecto de vida personal en el ámbito rural pueda hacerlo, con ayudas para emprender y servicios que se puedan disfrutar igual que en el ámbito urbano. En esas líneas de trabajo hay que insistir, al margen de los acuerdos a nivel europeo que nos permitan avanzar.

—¿ Cómo se ven desde la Junta posiciones como la Ócar Puente que reclamaba capitalizar la población en Valladolid?

—Es verdad que la petición de más y mejores recursos para una ciudad es obligación de un alcalde. Un alcalde que no sepa pedir no es buen alcalde. A partir de ahí, los modelos territoriales y los asuntos jurídicos relativos a ese tema quedaron zanjados con las nueve provincias y la Junta tiene que velar por las nueve.