Acom defiende ya a 141 municipios implicados en la transición justa

La Asociación de Comarcas Mineras (Acom) aborda la modificación de los estatutos de este organismo dirigido a una nueva sección de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), lo que conllevará una ampliación sustancial del numero de asociados, incluyendo municipios que no pertenecen actualmente, aunque «sí están incluidos en las zonas operativas de los convenios de transición», según explicó el presidente de Acom, Mario Rivas tras la comisión permanente celebrada ayer en La Robla.

En este sentido, el representante de Acom explicó que este paso se sitúa bajo el marco de las políticas de transición Justa. «Queremos dar un paso más allá», recordando que el último plan del carbón se enmarca en 2019-2027 y «queremos estar preparados para este momento», por lo que el objetivo es orientar su actividad hacia las nuevas necesidades y escenarios que afectan a los municipios declarados y zonificados como territorios en Transición Justa. «No sólo hay municipios mineros sino también zonas afectadas por cierres de centrales térmicas y nucleares», matizó Rivas, a la vez que recordó que el total de municipios incluidos en los convenios de transición justa asciende a 141, y la población objetivo de la actuación más de 900.000 habitantes. «Llegaríamos y representaríamos a un millón de personas», aclara.

Respecto a la provincia de León, Rivas destacó que no hay novedades, ya que de los 29 municipios están todos incluidos en la Asociación de Comarcas Mineras.

La propuesta será trasladad la Asamblea General de Acom que se celebrara antes de que finalice el presente ejercicio. En este sentido, Rivas afirmó que para el próximo otoño está prevista una asamblea en la FEMP para que los ayuntamientos que así lo deseen puedan solicitar la incorporación a la Asociación.

Dentro de esta comisión también se ha analizado la situación actual de los convenios que se han de firmarse al amparo del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018, en donde Mario Rivas puso de manifiesto que hasta la fecha no se ha firmado actuación alguna, viendo «muy comprometido» el poder cumplir estrictamente con el cronograma de las actuaciones presentadas, sin que en «ningún caso» se pueda atribuir, este incumplimiento a las Entidades Locales, o en su caso falta de responsabilidad o negligencia.

Algo que según el representante de Acom preocupa «enormemente» a los Ayuntamientos que conforman Acom, que «ya han dado traslado de esta inquietud tanto a las Comunidades Autónomas como al propio Ministerio» matizó.

Para finalizar, Rivas señaló que la elección del sitio donde se celebró la comisión, La Robla «no es baladí», sino que se trata de en un «claro apoyo», por parte de la Asociación, a los municipios que no solo se han visto afectados por el cierre del sector, sino que además se han visto perjudicados por el cese de actividad de sus térmicas, con las consecuencias que todo ello conlleva.

Dos jornadas consecutivas donde el sector de la minería ha sido el protagonista, y es que el pasado martes la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027 analizaba la situación del procedimiento que afecta a unos 300 trabajadores en León, que tendrán acceso prioritario a las tareas de restauración incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que pueden crear este año entre 250 y 300 empleos con una duración de 36 a 48 meses en el marco de al menos cinco proyectos Este régimen especial de ayudas a los trabajadores directos incluía el reconocimiento de la prestación de desempleo conocida como «contador a cero», que ha garantizado la percepción de la ayuda por el periodo máximo legal de 24 meses, independientemente de la situación individual previa.

Cabe recordar que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) ya ha puesto en marcha el servicio de orientación, formación e integración laboral personalizado para los excedentes mineros, tanto directos como pertenecientes a las subcontratas. Con un presupuesto cercano al millón de euros, el proceso se había paralizado a raíz de que una de las empresas que se presentó al concurso iniciara un proceso de reclamación.