La alcaldesa declara el día 25 en La Bañeza como investigada por prevaricación

La alcaldesa de Santa María del Páramo y número dos de la candidatura de UPL a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, está citada a declarar el próximo 25 de febrero ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Bañeza como investigada por un presunto delito leve de prevaricación administrativa a raíz de una denuncia ante la Fiscalía de los tres vigilantes municipales del Ayuntamiento de Santa María del Páramo, para que investigara una serie de hechos por si pudieran ser constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y de falsedad documental, hechos por los que ya fue citada el 20 de febrero de 2019 pero que se ha ido aplazando por distintos motivos.

En los hechos que figuran en los escritos al fiscal, los denunciantes hablaban de denuncias no tramitadas por la Alcaldía ya que aseguraban que hasta el 14 de febrero de 2018 las denuncias formuladas por los vigilantes eran tramitadas ante la Jefatura Provincial de Tráfico directamente por el Servicio de Vigilancia Municipal. A partir de esa fecha la alcaldesa les comunicó que la tramitación de las multas pasarían a tramitarse a través de las oficinas municipales.

Desde entonces, señalan los vigilantes en su denuncia, se entregan boletines y la relación de denuncias en papel directamente a la alcaldesa, que no han sido tramitadas desde febrero de 2018 cuyo importe asciende a 13.800 euros.

Los vigilantes denunciaban a Gallego también por falsedad documental ya que aseguraban que el 14 de agosto de 2018 la regidora dictó una resolución «a la vista del informe de Vigilancia Municipal» sobre la suciedad de un solar en la calle Santiago Santos. Igualmente denunciaban que la alcaldesa aplicó «un decreto de paralización» de una obra en la calle «Cantapelayo, número 32».

Los vigilantes señalaban que «dicho decreto no existe, como tampoco existe informe de técnico competente que acredite la normativa urbanística vigente a la que se alude».

Los vigilantes municipales también denunciaron que se han anulado liquidaciones de sanciones por ocupación de terrenos de uso público y que no se han tramitado dos denuncias por excrementos de perros en la vía pública, además de otras por incumplimiento de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana.